EE.UU. los llamó terroristas, pero los grupos criminales no han dejado de operar

La decisión de Washington de clasificar a ciertas organizaciones criminales de México, Colombia y Venezuela como terroristas cambió el terreno financiero para esos grupos, pero no les asestó el golpe decisivo que prometía la retórica política. Lo que sí hizo fue endurecer el cerco sobre sus cuentas, sus intermediarios y cualquier transacción sospechosa vinculada con ellos, de acuerdo con BBC Mundo. En la práctica, la etiqueta le da a Estados Unidos más herramientas para sancionar, congelar activos y presionar a bancos, empresas y particulares que puedan facilitar dinero, armas o logística a esas redes. El problema es que una sanción no equivale a una desarticulación: los grupos siguen teniendo presencia territorial, capacidad de intimidación y, sobre todo, una enorme flexibilidad para mutar cuando se les cierra una puerta.

Según explicó BBC Mundo, la clasificación como organizaciones terroristas implica una supervisión mucho más estricta de las operaciones financieras y un riesgo mayor para cualquier actor económico que toque, aunque sea indirectamente, a esos grupos. Eso obliga a bancos, casas de cambio, plataformas de pago y empresas con operaciones transfronterizas a elevar sus controles, revisar clientes y cortar vínculos ante la mínima alerta. Para Washington, ese es el verdadero objetivo: golpear la estructura económica que sostiene a las organizaciones criminales. Pero en países donde estas redes han penetrado mercados legales, economías informales, puertos, fronteras y autoridades locales, el efecto suele ser más desigual. En México, donde el poder de los cárteles se sostiene en la combinación de violencia, control territorial y diversificación de ingresos, el mayor impacto suele sentirse en el mundo financiero y no necesariamente en la calle. En Colombia y Venezuela, donde confluyen economías ilegales, rutas de narcotráfico, minería ilícita y redes de corrupción, el cierre del sistema bancario formal no elimina el negocio; lo desplaza hacia circuitos menos visibles.

Y ahí está la clave: la medida puede incomodar, encarecer y complicar las operaciones de estos grupos, pero rara vez los paraliza por sí sola. Cuando se les restringe el acceso al sistema financiero formal, las organizaciones suelen recurrir a métodos más opacos: testaferros, empresas de fachada, transferencias fragmentadas, efectivo, contrabando y mecanismos informales de lavado. Por eso, más que una derrota, la clasificación suele producir una adaptación. En términos políticos, además, el señalamiento de “terrorismo” eleva el tono de la confrontación entre Estados Unidos y los gobiernos de la región, pero no resuelve el problema estructural: la combinación de corrupción, debilidad institucional, demanda de drogas, economías ilegales y control armado de territorios. Sin cooperación judicial real, inteligencia compartida y persecución efectiva del dinero, la etiqueta termina funcionando más como una herramienta de presión que como una solución de fondo.

Para la gente común, la consecuencia es tangible aunque no siempre visible: más violencia donde los grupos compiten por rutas y rentas, más corrupción donde compran protección, y más presión sobre economías locales que dependen de circuitos ilegales para sobrevivir. En Estados Unidos, la medida también tiene lectura interna: proyecta firmeza frente al crimen transnacional y responde a una política migratoria y de seguridad cada vez más endurecida. Pero la experiencia en México, Colombia y Venezuela sugiere que llamar terrorista a una organización criminal puede servir para sancionarla, no necesariamente para derrotarla. Y esa diferencia, en América Latina, sigue costando vidas.