Kast apuesta por bajar impuestos a las empresas en medio del déficit y la protesta social
Imagen: BBC Mundo
La propuesta de José Antonio Kast de bajar el impuesto a las empresas en Chile promete más inversión y empleo, pero llega en el peor momento posible: con déficit fiscal y protestas contra los recortes del gasto público. El debate no es técnico, sino político y social: quién gana y quién termina pagando la cuenta.
La propuesta de José Antonio Kast de reducir el impuesto que pagan las empresas en Chile abre un choque frontal entre dos urgencias que hoy conviven incómodamente: la necesidad de atraer inversión y la presión de cuidar unas finanzas públicas debilitadas. En un país marcado por un déficit fiscal y por protestas en las calles contra la reducción del gasto público, la idea de aliviar la carga tributaria al sector privado no solo es polémica; también obliga a preguntar quién asumirá el costo de esa apuesta.
En términos económicos, la lógica del plan es clara: si las empresas pagan menos, podrían retener más utilidades, ampliar operaciones, contratar más personal y empujar la actividad en un momento de crecimiento frágil. Ese argumento suele aparecer en casi todos los debates de política tributaria porque la inversión privada sigue siendo uno de los motores más rápidos para dinamizar una economía. El problema es que el Estado chileno ya enfrenta una brecha entre lo que recauda y lo que gasta, y una rebaja en el impuesto corporativo reduciría todavía más el margen fiscal, justo cuando la ciudadanía mira con sospecha cualquier intento de recorte en educación, salud o protección social.
Ahí está la tensión de fondo: la promesa de competitividad. En el resto del mundo, muchos gobiernos compiten por capital ofreciendo impuestos más bajos o regímenes especiales para empresas, pero esa carrera también tiene límites. Cuando el objetivo es recaudar menos para atraer más inversión, la pregunta inevitable es si el país logra compensar luego esa pérdida con mayor actividad económica o si termina debilitando su capacidad de financiar servicios públicos. En Chile, donde el debate económico siempre se cruza con demandas sociales acumuladas desde hace años, el riesgo político es tan grande como el fiscal: una rebaja que beneficie a las empresas sin garantías visibles de empleo o crecimiento puede ser leída por buena parte de la población como una concesión a los de arriba en un momento de ajuste para los de abajo.
Por eso, el verdadero examen de la propuesta no está solo en los modelos económicos, sino en su viabilidad social. Si Kast insiste en bajar impuestos, tendrá que explicar con precisión cómo evitará que esa decisión agrande el hueco fiscal o termine empujando nuevos recortes. Y si no consigue convencer de que el alivio a las empresas se traducirá en beneficios tangibles para el resto del país, el plan puede convertirse en otro símbolo de una vieja disputa latinoamericana: cómo crecer sin desarmar el Estado y sin cargar otra vez el costo sobre la gente común.
