Polémica por declaraciones de dirigente de la Juco que avivan tensión política en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
Las declaraciones atribuidas a Vivian Marín, dirigente de la Juco, provocaron un fuerte rechazo por sugerir que la estrategia frente a un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella sería agitar las calles y elevar la presión social. El episodio abre un debate sobre el límite entre protesta política y promoción del caos.
La controversia estalló después de que Vivian Marín, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), fuera señalada por un mensaje que, según informó El Tiempo - Política, plantea la idea de volver “invivible” el país durante un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. La frase generó una oleada de rechazo en sectores políticos y ciudadanos que ven en ese tipo de expresiones una peligrosa normalización del enfrentamiento callejero como método de presión política. En un país con memoria reciente de bloqueos, estallidos sociales y alta polarización, el lenguaje no es un detalle: importa porque marca el tono de lo que viene.
De acuerdo con la información divulgada por el diario, Marín habló de promover un escenario de caos en las calles como respuesta al próximo gobierno, una postura que rápidamente fue interpretada como una invitación a desestabilizar la gobernabilidad antes incluso de que exista una agenda concreta de administración. La reacción no se quedó en redes: el mensaje fue leído por distintos actores como una señal de radicalización en un sector juvenil históricamente vinculado a la izquierda comunista, y como un síntoma del deterioro del debate público, donde la confrontación parece desplazar a la deliberación. Más allá del nombre propio de Marín, la discusión terminó enfocándose en la responsabilidad política de quienes ocupan vocerías con capacidad de influir en militancias jóvenes.
El fondo del asunto va mucho más allá de una polémica puntual. En Colombia, la protesta social es un derecho constitucional y ha sido una herramienta legítima para exigir cambios, pero cuando el discurso se acerca a la idea de “hacer imposible” el país para un adversario político, se cruza una línea delicada: la de convertir la movilización en castigo colectivo. Eso tiene consecuencias concretas para la gente de a pie, especialmente para comerciantes, trabajadores informales, transportadores y familias que suelen pagar el costo más alto de los bloqueos y la parálisis. Por eso esta discusión importa: no solo por la figura de Abelardo de la Espriella, sino por el tipo de cultura política que se está alimentando de cara a las próximas disputas de poder.
En ese contexto, el episodio deja una pregunta incómoda sobre la oposición en Colombia y sus métodos. Si la disputa electoral se transforma en una apuesta por el caos permanente, el país puede terminar atrapado en una lógica de “gobernar desde la calle” que debilita la institucionalidad y reduce el espacio para los acuerdos mínimos. La controversia alrededor de la dirigente de la Juco no solo expone una frase desafortunada: también revela hasta qué punto la política colombiana sigue premiando los mensajes más incendiarios, aun cuando el costo social de esa retórica lo termina pagando la ciudadanía.
