Reforma al CNE quiere sacar al Congreso y elegir consejeros por mérito
Imagen: infobae colombia
Una reforma busca quitarle al Congreso la elección de los integrantes del CNE y reemplazarla por un concurso de méritos y selección de las altas cortes. El proyecto apunta a blindar la independencia del árbitro electoral en medio de viejas sospechas de conflicto de interés.
Una propuesta de acto legislativo quiere mover una de las piezas más sensibles del sistema político colombiano: la forma en que se escogen los integrantes del Consejo Nacional Electoral, CNE. La iniciativa, impulsada por la senadora Jennifer Pedraza y otros congresistas, busca sacar al Congreso de esa decisión y reemplazar el esquema actual por un concurso de méritos, con filtros de experiencia en derecho electoral y nuevos impedimentos para reducir riesgos de captura política.
El punto de partida del proyecto es una sospecha que en Colombia no es nueva, pero sí cada vez más difícil de ignorar: que el órgano que vigila campañas, topes de gasto, financiación y publicidad electoral sigue siendo elegido por las mismas fuerzas políticas que luego puede investigar. Según explicó Pedraza en diálogo con Blu Radio, el problema no es solo técnico sino estructural, porque el Congreso termina teniendo incidencia directa en la composición de una autoridad que puede revisar su propia conducta y la de sus partidos, lo que a su juicio compromete la independencia del árbitro electoral desde el origen.
La reforma plantea entonces un mecanismo en dos tiempos. Primero, la Comisión Nacional del Servicio Civil realizaría un concurso de méritos para seleccionar a 30 aspirantes con la mejor trayectoria y conocimiento en derecho electoral. Después, serían las altas cortes las encargadas de escoger a los nueve integrantes del CNE, tres por cada una de las tres cortes involucradas. Con ese diseño, el Congreso perdería la facultad de elegir a los consejeros y el organismo dejaría de depender de las mayorías políticas del momento. Además, el proyecto cambiaría el nombre de los actuales magistrados por el de consejeros electorales, una variación simbólica pero coherente con la intención de profesionalizar la entidad.
Más allá del cambio de nombre o del procedimiento, el corazón de la propuesta está en los impedimentos. La iniciativa busca impedir que lleguen al CNE personas que en los cuatro años anteriores hayan sido candidatas o hayan hecho parte de directorios de partidos políticos, una barrera pensada para evitar que entren al organismo perfiles con vínculos recientes con la disputa electoral. El trasfondo importa porque el CNE no es una institución decorativa: puede abrir investigaciones, imponer sanciones y convertirse en una pieza clave para proteger o debilitar la transparencia de las elecciones. En un país donde la financiación política sigue siendo una zona gris y donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales no ha dejado de crecer, el debate no es menor. Si la reforma avanza, Colombia podría acercarse a un modelo más técnico e institucional; si se hunde, persistirá una pregunta incómoda: ¿puede un árbitro ser realmente independiente cuando sus jugadores también eligen a quienes lo dirigen?
