Chavismo libera a militares presos, pero deja intacta la presión sobre los uniformados

La liberación de algunos presos políticos militares en Venezuela volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda para el chavismo: los uniformados imputados por rebelión y conspiración siguen siendo uno de los grupos más castigados por el aparato judicial y, al mismo tiempo, uno de los menos favorecidos por las medidas de clemencia. El vicepresidente de Foro Penal, una de las organizaciones más activas en el monitoreo de detenciones políticas en el país, interpreta este movimiento como una señal de que el Gobierno mantiene una disposición limitada para despresurizar el sistema en un segmento especialmente sensible: el de los militares señalados por desafiar al poder o por ser vistos como potenciales focos de disidencia dentro de la Fuerza Armada.

Según informó depor, la situación vuelve a dejar en evidencia que la amnistía promovida por Delcy Rodríguez no terminó de alcanzar a todos los perfiles encarcelados por motivos políticos. En la práctica, la exclusión de los uniformados no solo tiene un efecto jurídico, sino también simbólico: el chavismo sabe que cualquier gesto hacia militares acusados de conspirar tiene una lectura política inmediata, dentro y fuera de Venezuela. Los cargos de rebelión y conspiración, además, suelen ser utilizados por el Estado para criminalizar intentos de ruptura interna, reales o presuntos, y eso convierte a estos presos en una ficha delicada en cualquier negociación. Para las familias, el resultado es el mismo: años de espera, procesos opacos y la sensación de que la libertad depende más del cálculo político que de una revisión de fondo de sus casos.

Este episodio importa porque revela el modo en que el poder venezolano administra sus concesiones: libera a unos, mantiene a otros, y deja siempre abierta la puerta a interpretar cada excarcelación como una decisión táctica más que como un giro en materia de derechos. En un país donde la persecución judicial ha sido denunciada reiteradamente por ONG locales e internacionales, la situación de los militares presos políticos expone una tensión de fondo entre control y legitimidad. Mientras el Gobierno busca proyectar normalidad y capacidad de maniobra, organizaciones como Foro Penal insisten en que todavía existe una lista amplia de detenidos por razones políticas, muchos de ellos sometidos a procesos que carecen de garantías mínimas. El problema no es solo cuántos salen, sino quiénes siguen adentro y por qué.

La lectura de fondo es clara: el chavismo no parece dispuesto a abrir la puerta por igual para todos los presos políticos, y mucho menos para aquellos que pertenecen a la institución armada. Esa cautela tiene lógica desde el punto de vista del poder, pero profundiza la desconfianza de una sociedad que ya ha visto demasiadas liberaciones parciales y demasiado poco respeto por el debido proceso. En Venezuela, cada excarcelación se celebra, pero también se mide por sus ausencias; y en este caso, la ausencia de los militares amnistiados confirma que la política penitenciaria sigue siendo un instrumento de control, no de justicia.