Vuelve al Congreso la apuesta por cadena perpetua para agresores de menores
Imagen: El Tiempo - Política
Una representante a la Cámara presentará un proyecto para volver a abrir la puerta a la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores, pese a que la Corte Constitucional ya tumbó esa figura en 2021. La iniciativa reactiva un debate de alto voltaje político, pero expertos dudan de su viabilidad y piden enfocarse en prevención.
La discusión sobre la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores vuelve al Congreso colombiano, esta vez impulsada por una representante a la Cámara que prepara una nueva reforma constitucional para revivir una figura que la Corte Constitucional ya declaró inexequible en 2021. El anuncio reabre uno de los debates más sensibles del país: cómo responder a los crímenes más graves contra niños y adolescentes sin sacrificar los límites que impone la Constitución ni caer en soluciones que, según varios especialistas, no atacan el origen del problema.
De acuerdo con la información conocida, la iniciativa buscaría volver a incluir la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico para los delitos más atroces contra menores de edad. El punto de partida, sin embargo, es adverso. En 2021, el alto tribunal tumbó la reforma que había aprobado el Congreso, al considerar que vulneraba principios constitucionales y rompía con el esquema penal vigente. Esa decisión dejó claro que cualquier intento de reinstalar esa pena enfrentará un examen jurídico muy estricto y, con toda probabilidad, una nueva controversia sobre los límites del castigo en un Estado de derecho.
Más allá del impacto emocional que generan estos casos —y que explica por qué cada propuesta de endurecimiento penal encuentra eco en buena parte de la opinión pública—, la pregunta de fondo es si la cadena perpetua realmente protege mejor a la niñez. Analistas y expertos consultados por El Tiempo - Política cuestionan su viabilidad y advierten que el país sigue con serias fallas en prevención, detección temprana y atención integral de las víctimas. En otras palabras: castigar más duro puede tener valor simbólico y electoral, pero no reemplaza la necesidad de fortalecer escuelas, rutas de denuncia, fiscalía especializada, acompañamiento psicosocial y seguimiento institucional a niños en riesgo, especialmente en hogares donde muchas veces ocurre el abuso.
El asunto también desnuda una tensión recurrente en la política colombiana: ante la indignación ciudadana, varios sectores optan por reformas de impacto mediático que prometen mano dura, pero que chocan con el control constitucional y con la evidencia sobre política criminal. En un país donde la violencia sexual y el maltrato infantil siguen siendo una realidad persistente, el desafío no es solo aumentar penas, sino construir capacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar con eficacia. Si el nuevo proyecto avanza, no solo deberá superar la discusión jurídica; también tendrá que responder una pregunta incómoda pero central: ¿sirve realmente para proteger a los menores o solo alimenta una respuesta punitiva que ya ha mostrado sus límites?
