UNP reveló costo de la seguridad de Juliana Guerrero: casi $1.000 millones en 18 meses
Imagen: El Tiempo - Política
La UNP reveló que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero costó cerca de 1.000 millones de pesos y se extendió por casi 18 meses. El caso abrió preguntas incómodas sobre los criterios de protección estatal y el uso de recursos públicos.
La Unidad Nacional de Protección puso sobre la mesa una cifra que inevitablemente reaviva el debate sobre el uso de los recursos públicos: el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, señalada por el caso de los títulos falsos de la Fundación San José, costó cerca de 1.000 millones de pesos y se mantuvo durante casi 18 meses. El dato fue revelado por el director de la UNP en medio de un debate de control político en la Cámara de Representantes, una instancia en la que el Gobierno quedó obligado a explicar por qué una persona ligada a un escándalo académico terminó recibiendo una protección estatal de largo aliento.
Según lo expuesto en el Congreso, la cobertura de seguridad no fue una medida fugaz ni marginal, sino un esquema sostenido en el tiempo, con un costo que hoy se vuelve políticamente sensible por el perfil de la beneficiaria y por las preguntas que deja sobre los filtros institucionales. En un país donde la UNP carga con una demanda creciente de protección para líderes sociales, periodistas, exfuncionarios, candidatos y víctimas de amenazas, destinar una suma de ese tamaño a un caso como este no solo genera ruido: obliga a revisar quién decide, con qué criterios y bajo qué soportes se aprueban estas medidas. El asunto no es menor, porque detrás de cada peso ejecutado por la entidad hay una discusión de prioridades, riesgo real y control estatal.
El episodio también pone en evidencia una tensión de fondo que Colombia arrastra desde hace años: la diferencia entre proteger personas en riesgo y terminar blindando, por inercia o falla de verificación, a figuras envueltas en controversias que erosionan la legitimidad del sistema. La UNP ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por la tardanza en responder a amenazas graves y por las dificultades para ajustar esquemas que se prolongan más de lo necesario; por eso, cada caso de aparente desproporción alimenta la sospecha de que el modelo necesita una revisión de fondo. En términos políticos, el debate ya no gira solo alrededor de Juliana Guerrero, sino de la capacidad del Estado para administrar con rigor un aparato de protección que consume cientos de miles de millones al año y que, cuando falla, golpea la confianza ciudadana.
Más allá del escándalo puntual, lo que queda es una pregunta incómoda para el Gobierno y para el Congreso: ¿está funcionando realmente el sistema de protección o se ha convertido en una estructura difícil de depurar, lenta para corregirse y vulnerable a decisiones que luego terminan costando demasiado? En un momento de presión fiscal y de exigencia ciudadana por resultados, el caso Guerrero se convierte en un espejo de los problemas de fondo de la UNP: control, transparencia y capacidad de priorizar el riesgo verdadero sobre la conveniencia política o la inercia burocrática.
