Revelan presunto pacto con exparamilitares para declarar contra líderes opositores
Imagen: El Tiempo - Política
Un documento firmado el 24 de octubre de 2025 expuso un presunto pacto entre excabecillas de las Auc y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. El texto abre interrogantes sobre los beneficios ofrecidos a cambio de declaraciones contra figuras como Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
Un documento fechado el 24 de octubre de 2025 puso sobre la mesa un presunto acuerdo político y judicial entre varios excabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La revelación, conocida en medio de la discusión sobre el llamado Pacto de Valledupar, sugiere que desde la Casa de Nariño se habrían explorado beneficios para antiguos jefes paramilitares a cambio de que declararan contra figuras de alto perfil como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
Según la información divulgada por El Tiempo - Política, el documento lleva la firma de exmandos de las Auc y de representantes del Ejecutivo, lo que eleva de inmediato la gravedad del caso. No se trata solo de una conversación informal o de un acercamiento político, sino de un papel que dejaría constancia de compromisos y posibles contraprestaciones en una negociación altamente sensible por sus implicaciones judiciales, electorales y de credibilidad institucional.
El episodio importa porque toca una de las líneas más delicadas de cualquier gobierno: la relación entre poder político, justicia y verdad en el marco de la justicia transicional. Si se confirma que hubo ofrecimientos concretos para orientar testimonios contra determinados opositores o figuras públicas, el debate dejaría de ser únicamente jurídico y pasaría a la arena de la legitimidad del Ejecutivo. En un país donde el paramilitarismo sigue siendo una herida abierta, cualquier movimiento alrededor de exjefes armados tiene un peso enorme sobre la confianza ciudadana y sobre la percepción de imparcialidad del Estado.
Más allá de los nombres propios, el caso puede terminar midiendo la capacidad del gobierno Petro para sostener su discurso de paz y reconciliación sin cruzar límites éticos o institucionales. También pone bajo presión a las autoridades que deberán esclarecer qué se firmó, quién autorizó el contenido del documento y hasta dónde llegaban los beneficios prometidos. En política colombiana, pocas revelaciones tienen un potencial tan explosivo como aquella que mezcla exparamilitares, declaraciones judiciales y la sospecha de que la verdad puede estar siendo usada como moneda de cambio.
