Revelan nuevos detalles del secuestro de la esposa del alcalde de Uribia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Gobernación de La Guajira reveló nuevos datos sobre el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, mientras crece la presión sobre las autoridades para aclarar el recorrido y los responsables. El caso dejó al descubierto amenazas previas contra la familia del mandatario local.
El secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, sigue destapando señales inquietantes sobre la manera en que fue ejecutado y sobre el nivel de riesgo que enfrenta la familia del mandatario en La Guajira. Según informó El Tiempo (Colombia), el gobernador departamental entregó nuevos detalles sobre los vehículos en los que habría sido trasladada la gestora social, un dato que abre más preguntas sobre la logística del rapto y la capacidad de movilización de quienes estarían detrás del hecho.
De acuerdo con la información divulgada por la administración departamental, el caso no solo involucra el secuestro de una figura cercana al poder local, sino también un patrón de intimidación que ya venía tomando forma. El alcalde Buitrago se pronunció públicamente y aseguró que, antes del secuestro, ya habían llegado mensajes amenazantes. Uno de ellos, revelado por la prensa, advertía que “la próxima iba a ser ella”, una frase que deja en evidencia que el crimen no habría sido un hecho aislado ni improvisado.
El episodio ocurre en un departamento donde la combinación de poder local, economías ilegales, disputas territoriales y presencia de estructuras armadas sigue convirtiendo a varios funcionarios y sus familias en objetivos vulnerables. Que el gobernador entregue pistas sobre los vehículos usados para transportar a Gómez puede ayudar a trazar una línea de tiempo más precisa, pero también subraya la gravedad del entorno de seguridad en el que se mueve la institucionalidad en Uribia y en buena parte de La Guajira. En una región donde el Estado suele llegar tarde o con recursos limitados, cada amenaza contra autoridades locales termina afectando no solo a la familia directamente golpeada, sino a la capacidad de gobierno en el territorio.
Más allá del impacto humano del secuestro, el caso plantea una exigencia concreta: resultados rápidos y verificables en la investigación. La prioridad ahora es establecer quiénes participaron, cómo se movieron y si las alertas previas fueron atendidas a tiempo. Para los habitantes de Uribia, este no es un episodio más de violencia política; es un recordatorio de que ejercer autoridad en zonas frágiles sigue teniendo un costo alto y, muchas veces, impredecible.
