Nuevo revés para el Gobierno: sin aval sanitario para fumigar con glufosinato en Putumayo

El Gobierno de De la Espriella volvió a encontrarse con un freno en su apuesta por reactivar la aspersión aérea como herramienta contra los cultivos ilícitos. Esta vez, el obstáculo no viene solo de la justicia: el Instituto Nacional de Salud no ha dado su aval al protocolo para las pruebas piloto con glufosinato de amonio en Putumayo, el químico que el Estado pretendía usar como reemplazo del glifosato, prohibido por la Corte Constitucional.

La novedad, revelada por infobae colombia, se suma a una decisión previa de un juez que ya había frenado el inicio de esas pruebas en esa región del sur del país. En otras palabras, el plan oficial no solo enfrenta cuestionamientos jurídicos, sino también dudas técnicas sobre su viabilidad sanitaria y ambiental. Ese doble candado complica el objetivo del Ejecutivo de retomar una política de erradicación forzada que Colombia arrastra como una discusión inconclusa desde hace años, atrapada entre la presión por reducir los cultivos de coca y el costo social y ecológico de fumigar territorios rurales.

El punto de fondo es que el glufosinato de amonio no llega a este debate en terreno neutro. Su eventual uso revive una controversia que el país conoce bien: el intento de reemplazar el glifosato, cuestionado por sus riesgos para la salud y el medioambiente, por otro compuesto que tampoco cuenta con consenso suficiente para ser aplicado en zonas sensibles. Que el Instituto Nacional de Salud no haya dado luz verde al protocolo sugiere que el Gobierno todavía no logra cerrar las brechas científicas que exige una medida de este nivel, especialmente en regiones como Putumayo, donde la población civil, la biodiversidad y la presencia estatal precaria hacen que cualquier operación aérea tenga efectos que van mucho más allá de la erradicación.

Más allá del pulso entre el Ejecutivo, los jueces y las entidades técnicas, lo que está en juego es la credibilidad de la estrategia antidrogas. Si el Estado insiste en caminos que no superan los filtros judiciales ni sanitarios, corre el riesgo de volver a chocar con el mismo muro que ya detuvo al glifosato: una política pensada para mostrar resultados rápidos, pero incapaz de sostenerse sin respaldo institucional y social. Para las comunidades del sur del país, eso significa seguir en medio de una discusión que se decide en Bogotá, pero se vive sobre la tierra, el agua y la salud de quienes habitan los territorios más golpeados por la economía ilegal.