Lara arremete contra nuevas fotomultas en Bogotá y reaviva el debate por el recaudo
Imagen: El Tiempo - Política
El Ministerio del Interior puso la lupa sobre la expansión de las cámaras de fotomultas en Bogotá, justo cuando la ciudad alista nuevos dispositivos en la NQS, El Dorado y Las Américas. La discusión vuelve a enfrentar seguridad vial y recaudo, dos agendas que rara vez caminan juntas sin polémica.
La instalación de nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá abrió un nuevo choque entre el Gobierno y la administración distrital. Rodrigo Lara, ministro del Interior, cuestionó duramente la expansión del sistema al calificarlo como un negocio que castiga a los conductores más que a los infractores, mientras la ciudad avanza con dispositivos en corredores de alto tráfico como la NQS, la avenida El Dorado y Las Américas, que arrancarán primero en una fase pedagógica.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, los nuevos equipos harán parte de una estrategia de control vial en algunos de los puntos más congestionados de la capital, donde la accidentalidad, el exceso de velocidad y las maniobras riesgosas suelen concentrar quejas de autoridades y ciudadanos. La Alcaldía apuesta por un periodo de sensibilización antes de empezar a sancionar, una decisión que busca desactivar parte de la resistencia pública, aunque no elimina la controversia de fondo: quién controla, con qué criterios y con qué destino termina el dinero recaudado.
El debate no es nuevo y, en Bogotá, suele repetirse con un patrón casi idéntico: cada vez que crece la red de fotodetección, también crece la sospecha de que el sistema responde más a una lógica de recaudo que de prevención. Eso explica por qué la frase de Lara no solo apunta a la medida puntual, sino a una discusión más amplia sobre la relación entre movilidad, sanción y confianza institucional. Para el ciudadano de a pie, el asunto tiene una doble lectura: por un lado, la necesidad real de ordenar vías donde la imprudencia mata; por el otro, el temor de que la tecnología se convierta en una trampa financiera para conductores que ya cargan con una de las ciudades más costosas y lentas para moverse en Colombia.
Lo que está en juego, en el fondo, es la credibilidad de una política pública que debería reducir siniestros y no alimentar la percepción de una caja menor. Si las cámaras nuevas logran demostrar que bajan la velocidad y mejoran el comportamiento en corredores críticos, la discusión podría moverse hacia la eficacia. Si no, Bogotá volverá a quedar atrapada en una pelea conocida: la de un control vial necesario, pero profundamente desconfiado por quienes sienten que en la ciudad sancionar sigue siendo más fácil que educar y prevenir.
