Lara responde a Marín por Guaviare y niega comparación entre el Estado y bandas armadas
Imagen: infobae colombia
Rodrigo Lara salió al paso de las críticas de Iris Marín por la exposición de cuerpos en Guaviare y rechazó que se compare al Estado con bandas armadas. El ministro defendió a la Fuerza Pública y pidió a la Defensoría sumar esfuerzos en la protección de las víctimas.
La discusión por la exposición de cuerpos en Guaviare escaló al terreno político e institucional luego de que el ministro Rodrigo Lara respondiera a las críticas de la defensora Iris Marín. El funcionario rechazó de plano que se ponga en el mismo plano al Estado y a las estructuras ilegales que operan en la región, y defendió la actuación de la Fuerza Pública en medio de un escenario de violencia que sigue golpeando a las comunidades más apartadas del país.
Según informó infobae colombia, Lara insistió en que las instituciones no pueden ser tratadas como equivalentes a bandas narcoterroristas, una frase con la que buscó marcar distancia frente a cualquier cuestionamiento que sugiera una responsabilidad simétrica entre agentes del Estado y grupos armados. Al mismo tiempo, el ministro pidió a la Defensoría del Pueblo acompañar al Gobierno en la protección de las víctimas, en un mensaje que deja ver la tensión entre la necesidad de responder con firmeza a la violencia y la obligación de garantizar un enfoque humanitario en territorios donde el control armado impone miedo y silencio. Lara también reiteró que el Ejecutivo seguirá haciendo cumplir la ley.
Lo que está en juego va más allá de un intercambio de declaraciones. Guaviare es uno de esos puntos del mapa donde el Estado suele aparecer tarde, o bajo condiciones de riesgo extremo, y donde cada episodio de violencia revela la fragilidad institucional que persiste en amplias zonas del país. La controversia pone sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo actúa la autoridad sin perder legitimidad cuando enfrenta organizaciones armadas que mezclan economías ilegales, control territorial y castigo ejemplarizante contra la población civil. En ese equilibrio, cualquier señal de excesos, omisiones o respuestas insuficientes termina alimentando desconfianza.
El llamado de Lara a que la Defensoría se sume a la protección de las víctimas también muestra que el Gobierno sabe que no basta con la presencia armada. En regiones como Guaviare, el drama no se mide solo por los choques entre uniformados y grupos criminales, sino por el impacto directo sobre familias desplazadas, comunidades confinadas y liderazgos locales bajo amenaza. Por eso la discusión importa: porque la forma en que el Estado responde en estos casos define no solo su capacidad de control territorial, sino también su credibilidad frente a ciudadanos que siguen esperando seguridad, justicia y verdad en medio de una guerra que no termina de apagarse.
