Rosario: la Justicia obligó a un padre moroso a pagar la cuota alimentaria con la boleta de luz
Imagen: infobae
En Rosario, una jueza ordenó que un padre moroso pague la cuota alimentaria de sus hijos a través de la boleta de luz, tras tres años de incumplimientos. La decisión busca forzar el cumplimiento donde antes fracasaron otras sanciones.
En Rosario, la Justicia dio un paso inusual pero revelador frente a una deuda que llevaba años sin resolverse: una jueza ordenó que un padre moroso pague la cuota alimentaria de sus hijos a través de la boleta de luz. La decisión, dispuesta por la jueza Andrea Mariel Brunetti, llega después de tres años de incumplimientos y de una serie de sanciones previas que no alcanzaron para garantizar el dinero destinado a la manutención de los menores.
Según informó Infobae, el caso expone un problema repetido en los tribunales de familia: las herramientas tradicionales para obligar al cumplimiento de la cuota alimentaria suelen llegar tarde o no tener suficiente efecto cuando el deudor decide persistir en la negativa. En este expediente, las medidas anteriores no lograron revertir la conducta del padre, por lo que la magistrada optó por una vía más directa, vinculando el pago a un servicio básico y cotidiano, como es la energía eléctrica. La intención es clara: cerrar el margen para la evasión y asegurar que el dinero llegue a los hijos, que son quienes cargan con las consecuencias del incumplimiento.
Más allá de la particularidad del caso, la resolución tiene una lectura más amplia sobre cómo responde la Justicia argentina ante la mora alimentaria. En los hechos, la cuota alimentaria no es una obligación simbólica ni un favor entre adultos en conflicto: es un derecho de los niños y adolescentes, y su incumplimiento impacta de forma concreta en alimentación, salud, educación y vivienda. Que un juzgado recurra a mecanismos de ejecución más creativos evidencia tanto la persistencia de la desobediencia como la necesidad de medidas eficaces en un contexto donde muchas madres o cuidadores terminan sosteniendo solos la crianza. En esa tensión entre derecho reconocido y derecho efectivamente cobrado se juega buena parte del problema.
El trasfondo también interpela a otras provincias y a la región: cuando los sistemas judiciales no logran asegurar el cumplimiento de obligaciones básicas, la desigualdad se agranda y la infancia paga la factura más alta. La medida adoptada en Rosario puede leerse como una señal de endurecimiento frente a la irresponsabilidad parental, pero también como una radiografía incómoda de un fenómeno extendido: el de miles de familias que deben litigar durante años para obtener algo que debería estar garantizado desde el primer mes de incumplimiento.
