Rocha vuelve al gobierno de Sinaloa y revive las dudas sobre poder y narcotráfico
Imagen: El País
Rubén Rocha volvió al gobierno de Sinaloa tras una separación temporal que reaviva las dudas sobre su relación con la crisis de violencia y los señalamientos hechos desde Estados Unidos. El regreso ocurre mientras el oficialismo intenta cerrar filas y presentar su salida previa como una decisión personal.
Rubén Rocha retomó la gubernatura de Sinaloa en medio de un clima político envenenado por las sospechas y por la violencia que no ha soltado al estado. Su regreso ocurre después de haberse apartado del cargo en mayo, cuando comenzaron a crecer los señalamientos en torno a presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, acusación que desde Washington colocó a su administración bajo una lupa incómoda para el Gobierno de Claudia Sheinbaum y para Morena.
De acuerdo con lo informado por El País, la versión oficial del gobierno federal es que la separación de Rocha respondió a una decisión de “carácter personal”, una explicación que busca desactivar la lectura política del episodio. Pero el contexto dice otra cosa: Sinaloa sigue siendo uno de los epicentros de la disputa entre grupos criminales, y cualquier movimiento en el poder estatal se interpreta inevitablemente como una señal sobre la estrategia del gobierno frente al narcotráfico. En otras palabras, no se trata solo de un relevo administrativo, sino de la credibilidad de la respuesta del Estado en una entidad donde la seguridad pública ha sido desbordada durante años.
El regreso del mandatario morenista importa porque expone una tensión que el gobierno federal no ha logrado resolver del todo: cómo sostener la narrativa de control político mientras persisten acusaciones graves desde Estados Unidos y una percepción extendida de impunidad. Los señalamientos contra Rocha, aunque no equivalen por sí mismos a una sentencia judicial, sí tienen peso político porque vienen del país que suele dictar la agenda bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Para la gente de a pie en Sinaloa, sin embargo, la discusión de fondo no es quién ocupa el despacho, sino si algo va a cambiar en las calles, en las carreteras y en la capacidad real del Estado para frenar asesinatos, desapariciones y extorsiones.
En ese sentido, el caso Rocha refleja un problema mayor para el oficialismo: cada intento de cerrar el episodio con una explicación administrativa deja abiertas las dudas sobre la relación entre poder local, protección política y violencia organizada. Si el regreso del gobernador busca enviar una señal de normalidad, el efecto puede ser el contrario: recordar que en Sinaloa la disputa por el territorio sigue marcando el pulso de la política, y que los costos de esa guerra no los paga el discurso oficial, sino la población que vive atrapada entre el crimen y la desconfianza hacia sus autoridades.
