SAE denuncia inventario oculto y redes paralelas para vender bienes fuera del control oficial
Imagen: infobae colombia
La directora de la SAE, Amelia Pérez, denunció que encontró inventarios ocultos y redes que ofrecían bienes por fuera de los canales oficiales. Asegura que ya entregó pruebas a la Fiscalía y que aún existen “SAE paralelas” operando alrededor de la entidad.
La Sociedad de Activos Especiales quedó otra vez bajo la lupa, pero esta vez no por su lento proceso de administración de bienes incautados, sino por una denuncia que apunta al corazón del problema: Amelia Pérez, su directora, aseguró que al llegar a la entidad encontró un inventario oculto y redes irregulares que habrían estado moviendo activos por fuera de los canales oficiales. La advertencia es grave porque, si se confirma, no se trataría solo de desorden administrativo, sino de una estructura paralela montada para negociar bienes del Estado y de las víctimas al margen de la ley.
Las declaraciones fueron entregadas en Barranquilla, durante la rendición de cuentas de Activos por Colombia. Según explicó la funcionaria, existían bienes que no estaban plenamente identificados ni socializados públicamente, lo que habría facilitado que terceros se presentaran como intermediarios de facto para ofrecerlos, venderlos o incluso desaparecerlos del radar institucional. Pérez afirmó que esa práctica beneficiaba a grupos con información privilegiada y afectaba directamente el propósito central de la SAE: administrar y recuperar patrimonio para el Estado, no convertirlo en botín de redes interesadas.
El dato más preocupante es que la propia directora sostiene que esas dinámicas no pertenecen solo al pasado. Habló de “SAE paralelas” que todavía estarían operando y ofreciendo bienes como si tuvieran respaldo oficial. En términos prácticos, eso significa que ciudadanos, empresarios o posibles compradores podrían terminar expuestos a engaños, presiones o incluso extorsiones si acuden a circuitos informales creyendo que están negociando con la entidad. La decisión de publicar de manera masiva el inventario disponible busca justamente cerrar ese margen de maniobra y obligar a que toda transacción pase por los canales verificables.
Pérez también reveló que la SAE administra cerca de 38.000 bienes, sin contar algunos activos asociados a la plataforma y otros que, según dijo, no estaban debidamente inventariados. Ese volumen ayuda a entender por qué la entidad es tan apetecida por mafias y por qué el control interno es tan vulnerable: no se trata de unos pocos inmuebles, sino de un portafolio inmenso, disperso y en muchos casos litigioso. La funcionaria aseguró que las pruebas ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de establecer si detrás de estas denuncias hubo delitos, qué funcionarios o particulares participaron y hasta dónde llegó la red de intermediación ilegal.
El contexto no es menor. La SAE arrastra desde hace años una reputación marcada por la opacidad, la lentitud para poner activos al servicio del Estado y los cuestionamientos sobre la trazabilidad de los bienes incautados al narcotráfico, la corrupción y otras economías ilegales. Lo que hoy denuncia su directora confirma una tensión de fondo: cuando una entidad administra tanto patrimonio sensible, cualquier vacío de control se convierte en una oportunidad para la captura criminal. Por eso el asunto importa más allá de la pelea interna de una institución: si el Estado no puede vigilar sus propios activos, termina debilitando la confianza pública y dejando abierta la puerta para que el dinero incautado siga beneficiando a los mismos círculos que debía golpear.
