Cundinamarca sanciona al Gimnasio Campestre Los Laureles y ordena cancelar su licencia

La Gobernación de Cundinamarca tomó una decisión de alto impacto contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución señalada en el caso de Valeria Afanador: lo declaró administrativamente responsable por una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público educativo y ordenó la cancelación de su licencia de funcionamiento. La medida, sin embargo, todavía no está en firme, lo que significa que el proceso sigue abierto y que la última palabra no está dicha. Para la comunidad educativa, el mensaje es contundente: cuando una institución falla en sus deberes básicos, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una sanción simbólica.

De acuerdo con la información conocida, la autoridad departamental concluyó que hubo una falta de consideración grave frente al marco que regula la educación en Colombia. No se trata de un llamado de atención menor ni de una advertencia administrativa: la decisión apunta al cierre de la habilitación para operar como establecimiento educativo. En la práctica, eso pone en el centro de la discusión la responsabilidad de los colegios privados ante las familias, los estudiantes y el Estado, especialmente cuando un hecho de tanta sensibilidad como la muerte de una menor termina cruzándose con el escrutinio institucional. La determinación, al no estar ejecutoriada, aún puede ser objeto de recursos o de revisión dentro de los cauces legales correspondientes.

Este caso importa por algo más grande que la suerte jurídica de un colegio. En Colombia, la confianza depositada por los padres en una institución educativa no se limita a las clases, los uniformes o los resultados académicos: incluye la expectativa básica de cuidado, prevención y respuesta frente a cualquier situación que ponga en riesgo a un estudiante. Cuando esa confianza se rompe, la reacción del Estado no solo busca sancionar, sino también enviar una señal al resto del sistema. Por eso la decisión de Cundinamarca tiene una lectura doble: por un lado, la respuesta administrativa frente a una infracción grave; por otro, el recordatorio de que la vigilancia sobre los colegios no puede ser nominal ni tardía, sino efectiva y con capacidad real de corregir o cerrar cuando la norma se incumple de manera seria.

Ahora bien, el hecho de que la sanción no esté en firme deja abierta una etapa clave. En casos de esta naturaleza, el debido proceso define tanto como el fondo del asunto, y la resolución final puede tardar más de lo que las víctimas y la opinión pública quisieran. Pero incluso en ese terreno jurídico, la repercusión política y social ya está servida: lo que ocurra con la licencia del Gimnasio Campestre Los Laureles marcará un precedente sobre hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones educativas en Colombia y qué tan lejos está dispuesto a llegar el Estado cuando una tragedia obliga a mirar con lupa su funcionamiento.