Unimagdalena frena vía de $34.514 millones en Santa Marta por afectación a su campus
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Universidad del Magdalena puso freno a la intervención de una vía de $34.514 millones en Santa Marta al advertir que el proyecto toca predios de su campus sin estudios concluyentes ni una ruta clara de compensación. La institución pidió respuestas sobre movilidad, seguridad y compra de terrenos antes de autorizar cualquier obra.
La Universidad del Magdalena encendió las alarmas frente al proyecto vial de $34.514 millones que atraviesa su campus en Santa Marta, al advertir que la obra podría afectar predios de su propiedad sin que, hasta ahora, existan estudios definitivos, medidas claras de compensación ni respuestas suficientes sobre el impacto en la movilidad y la seguridad universitaria. La institución pidió que antes de cualquier intervención se aclaren esas dudas y se defina con precisión cómo se manejará la relación entre la obra pública y los terrenos del alma máter.
Según informó El Tiempo (Colombia), la preocupación de Unimagdalena no es menor: la universidad sostiene que el trazado planteado toca áreas estratégicas de su campus y que no se puede avanzar con una obra de esta magnitud sin resolver previamente aspectos técnicos, jurídicos y patrimoniales. Entre los puntos que la institución exige despejar están la adquisición de los terrenos involucrados, las garantías para estudiantes, profesores y trabajadores durante la ejecución, y las consecuencias que tendría el proyecto sobre la circulación interna y el acceso al campus.
El caso va más allá de un simple desacuerdo por una vía. En Santa Marta, donde la expansión urbana suele chocar con la infraestructura educativa y los límites de propiedad pública y privada, este tipo de obras revela una tensión de fondo: cómo hacer ciudad sin trasladar los costos a instituciones que cumplen una función social esencial. Si el proyecto avanza sin acuerdos claros, el conflicto puede terminar judicializado o frenado por reclamaciones patrimoniales, lo que retrasaría una intervención que, en teoría, debería mejorar la conectividad de la zona. Para la comunidad universitaria, el asunto importa porque una mala planeación podría traducirse en más riesgos, menos movilidad y una afectación directa al funcionamiento diario del campus.
La discusión, en el fondo, obliga a las autoridades locales y al contratista a demostrar que esta obra no se está imponiendo a ciegas. En una ciudad donde la infraestructura suele anunciarse como sinónimo de progreso, Unimagdalena recuerda que el desarrollo también exige reglas claras, consultas previas con los afectados y una compensación definida cuando hay bienes públicos comprometidos. Sin eso, la vía no solo sería una obra de cemento: podría convertirse en otro frente de disputa institucional en el Caribe colombiano.
