Bogotá guarda $583.000 millones para seguridad vial mientras impulsa más fotomultas
Imagen: infobae colombia
Mientras Bogotá refuerza el debate sobre más cámaras de fotodetección, la Secretaría de Movilidad mantiene sin ejecutar $583.000 millones destinados a seguridad vial. La denuncia de Diana Diago reabre la discusión sobre prioridades, control y el costo humano de la siniestralidad.
Bogotá está discutiendo más cámaras de fotodetección, pero al mismo tiempo carga con una cifra difícil de justificar: la Secretaría de Movilidad mantiene sin ejecutar $583.000 millones que debían financiar prevención, control e intervenciones en las vías. La denuncia, hecha por la cabildante Diana Diago, pone el foco en una contradicción que ya no es solo administrativa, sino política y humana: mientras el Distrito insiste en herramientas de control, una parte significativa de los recursos para seguridad vial sigue quieta en cuentas bancarias.
De acuerdo con la información divulgada por infobae Colombia, esos fondos estaban destinados a acciones concretas para reducir la siniestralidad y ordenar la circulación en una ciudad que arrastra una crisis de movilidad cada vez más visible. La preocupación de fondo no es menor. Si el dinero para prevenir accidentes, mejorar la señalización, intervenir puntos críticos y reforzar la gestión vial no se ejecuta, el discurso sobre prevención pierde credibilidad. Y eso ocurre en medio de un escenario en el que las muertes por siniestros viales siguen siendo una de las caras más duras del desorden urbano en Bogotá.
El señalamiento de Diago también reabre una discusión de fondo sobre cómo está usando la administración distrital sus herramientas para enfrentar la inseguridad vial. Las cámaras de fotodetección pueden ser útiles cuando hacen parte de una estrategia integral, pero por sí solas no resuelven la fragilidad de la red vial, la falta de mantenimiento, los puntos de conflicto ni el comportamiento riesgoso que se repite en corredores saturados. El problema es que, mientras se amplía el énfasis en el control automático, los recursos que deberían traducirse en acciones visibles para reducir el riesgo permanecen sin mover. Y en una ciudad con una circulación cada vez más tensionada, la diferencia entre ejecutar y dejar guardar el presupuesto se mide en vidas.
Más allá de la disputa entre la administración y la oposición, el asunto deja una pregunta incómoda para el Distrito: ¿está priorizando recaudo y sanción por encima de prevención e inversión real en seguridad vial? Para los bogotanos, la respuesta importa porque toca el día a día en calles, cruces, avenidas y trayectos de trabajo o estudio. Una política seria de movilidad no puede reducirse a multar; necesita obras, planificación y ejecución presupuestal. Si ese dinero sigue inmóvil, la ciudad corre el riesgo de normalizar una fórmula conocida: más control en el papel, pero menos protección en la calle.
