Proyecto en el Senado busca frenar la expansión de peajes y aliviar a usuarios frecuentes
Imagen: infobae colombia
Un proyecto de ley en el Senado busca cambiar de fondo el cobro de peajes en Colombia: fija una distancia mínima de 150 kilómetros entre estaciones. La iniciativa también crea tarifas diferenciales, un inventario nacional de peajes y un fondo exclusivo para mantenimiento vial.
La discusión sobre los peajes volvió al centro del debate en el Congreso con una propuesta que busca poner orden a una de las quejas más repetidas de los conductores en Colombia: la cercanía entre estaciones de cobro y el peso de las tarifas sobre quienes transitan con frecuencia. El proyecto de ley plantea establecer una distancia mínima de 150 kilómetros entre peajes, además de crear beneficios para usuarios frecuentes, un inventario nacional de estaciones y un fondo exclusivo administrado por Invías para financiar el mantenimiento de las vías.
De acuerdo con lo que informó infobae colombia, la iniciativa fue impulsada desde el Senado por el congresista conocido como “Elefante blanco”, quien defendió la necesidad de revisar un sistema que, para muchos transportadores y viajeros, se ha convertido en una carga recurrente y poco proporcional frente al estado real de las carreteras. La propuesta no se limita a mover barreras físicas: también incorpora tarifas diferenciales para quienes usan de manera permanente ciertos corredores, una medida que podría aliviar costos para transportadores de carga, buses intermunicipales y trabajadores que dependen del transporte terrestre para su actividad diaria.
Más allá del debate político, el proyecto toca una fibra sensible del país: quién paga por las carreteras, cómo se financian y con qué criterios se decide dónde instalar un peaje. En Colombia, este tema suele explotar cuando el ciudadano percibe que paga varias veces por trayectos cortos o por vías que no reflejan mejoras visibles. Por eso la creación de un inventario nacional de estaciones sería clave, no solo para saber cuántos peajes existen y dónde están, sino para transparentar decisiones que históricamente han estado fragmentadas entre concesiones, entidades territoriales y el Gobierno nacional. Si prospera, el fondo exclusivo de Invías también podría cambiar la lógica de recaudo y destinación de recursos, al menos en el papel, al amarrar el dinero a la conservación vial y no a otros usos dispersos.
El problema de fondo es que cualquier reforma a los peajes obliga a resolver una tensión antigua: aliviar el bolsillo del usuario sin desfinanciar el mantenimiento de la infraestructura. En un país con carreteras que aún muestran rezagos en conectividad, seguridad y calidad, la discusión no es menor. Si el Congreso convierte esta propuesta en ley, el impacto podría sentirse en el costo del transporte de mercancías, en el precio final de algunos productos y en la movilidad cotidiana de millones de colombianos. Pero también abriría una pelea de intereses con concesionarios, finanzas públicas y regiones que dependen de estos cobros para sostener obras y mantenimiento. La pregunta de fondo no es solo si hay peajes de más, sino si Colombia está cobrando bien, cobrando justo y reinvirtiendo de manera efectiva lo que recauda en sus vías.
