Gómez quiere cerrar la JEP en 2028 y bloquear cualquier extensión
Imagen: El Tiempo - Política
El senador Enrique Gómez radicó un proyecto para ponerle fecha de salida a la Jurisdicción Especial para la Paz: quiere que la JEP termine en 2028 y bloquear cualquier prórroga. La iniciativa reabre el pulso sobre el futuro del sistema de justicia transicional en Colombia.
El senador Enrique Gómez radicó un proyecto de ley que busca cerrar la puerta a cualquier extensión de la Jurisdicción Especial para la Paz y fijar su final en 2028, respetando el término original de 10 años con el que nació ese tribunal transicional. La propuesta llega en un momento en que distintos sectores han planteado la posibilidad de ampliar por al menos cinco años más el funcionamiento de la JEP, una discusión que vuelve a tensar el debate sobre impunidad, verdad y cierre institucional del conflicto armado.
Según informó El Tiempo - Política, la iniciativa de Gómez no solo pretende evitar una prórroga sino consolidar en la ley que la JEP debe extinguirse cuando cumpla el periodo para el que fue concebida. En términos prácticos, el senador pone sobre la mesa una idea que incomoda a quienes creen que el tribunal aún necesita más tiempo para terminar macrocasos, avanzar en imputaciones, escuchar a víctimas y cerrar expedientes complejos que siguen abiertos. La apuesta, sin embargo, también recoge una preocupación instalada desde hace meses: el riesgo de que una justicia transicional que se prolongue demasiado termine perdiendo sentido, legitimidad o capacidad operativa.
Aquí está el fondo político del asunto. La JEP fue diseñada como una pieza excepcional del Acuerdo de Paz con las FARC, no como una jurisdicción indefinida. Su misión era investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto bajo reglas distintas a las de la justicia ordinaria, con el objetivo de equilibrar verdad, reparación y no repetición. Por eso la posibilidad de alargar su vida ha generado resistencias tanto entre críticos que consideran que ya ha durado suficiente, como entre defensores que alertan que todavía faltan años para que los casos más complejos produzcan resultados sólidos. En la práctica, lo que se discute no es solo una fecha, sino el alcance real de la promesa de justicia para las víctimas y la capacidad del Estado para cerrar uno de los capítulos más sensibles del posconflicto.
Si el proyecto avanza, el Congreso quedará obligado a decidir si mantiene el diseño original de la JEP o si deja abierta la puerta a una extensión que algunos ven necesaria y otros interpretan como una desviación del pacto inicial. En un país donde los procesos de paz suelen medirse por la paciencia de las víctimas y la fortaleza de las instituciones, la discusión sobre la fecha de cierre de la JEP no es técnica: es política, jurídica y profundamente simbólica. Lo que se resuelva definirá no solo el futuro del tribunal, sino también el mensaje que Colombia le envía a quienes esperan verdad, a quienes reclaman castigo y a quienes temen que el tiempo termine borrando responsabilidades.
