Error en el Congreso pone en riesgo jurídico el Presupuesto 2027
Imagen: infobae colombia
Una diferencia en el artículo 65 entre las versiones aprobadas por Senado y Cámara dejó al Presupuesto de 2027 en una zona de riesgo jurídico. La advertencia de la senadora Esmeralda Hernández y de Lina García apunta a un posible traspié legislativo con efectos sobre el trámite fiscal del país.
El trámite del Presupuesto 2027 quedó bajo sospecha después de que la senadora Esmeralda Hernández detectara una inconsistencia entre los textos aprobados por las plenarias del Congreso. El punto crítico está en el artículo 65, donde —según la congresista— no coincidieron las versiones votadas por Senado y Cámara, una falla que podría comprometer la validez del procedimiento legislativo.
De acuerdo con lo expuesto por Hernández, el problema no es menor porque la diferencia entre ambas aprobaciones obliga, en condiciones normales, a una conciliación formal antes de que venza el plazo legal. A ese diagnóstico se sumó Lina García, quien advirtió sobre las consecuencias jurídicas de haber dejado pasar ese paso indispensable. En otras palabras, el Congreso habría avanzado en un trámite sensible sin cerrar correctamente una discrepancia de fondo, justo en uno de los proyectos más delicados del calendario legislativo.
El caso importa porque el presupuesto no es una ley cualquiera: es el instrumento que fija cómo se moverá el dinero público durante el próximo año y, por extensión, marca la capacidad real del Gobierno para ejecutar programas, pagar obligaciones y sostener su agenda social y económica. Cuando una discusión técnica se convierte en un posible vicio de procedimiento, el riesgo ya no es solo político; también puede terminar en demandas, demoras y tensiones institucionales. En un país donde el presupuesto suele ser campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, un error de esta magnitud deja en evidencia la fragilidad con la que a veces se tramitan decisiones que afectan desde la inversión pública hasta la financiación de servicios básicos.
Si la advertencia prospera, el Congreso tendrá que explicar cómo se dejó pasar una diferencia entre textos y qué alcance real puede tener esa omisión sobre la aprobación final. Más allá del debate jurídico, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: si el Estado no logra cerrar con rigor técnico una ley tan central como el presupuesto, ¿qué tan sólida es la arquitectura institucional con la que luego se pretende ejecutar el gasto público?
