Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. y eleva la tensión por el caso Rocha Moya
Imagen: infobae
Claudia Sheinbaum endureció su mensaje a Washington: México no moverá una solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios si Estados Unidos no presenta pruebas. El pulso expone la tensión entre cooperación judicial y presión política entre ambos países.
Claudia Sheinbaum dejó claro este martes que México no aceptará una solicitud de extradición o detención urgente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni contra otros funcionarios señalados por presuntos nexos con el narcotráfico, si Washington no pone sobre la mesa pruebas verificables. La presidenta fijó una línea roja: no bastan acusaciones ni filtraciones políticas cuando lo que está en juego es un proceso judicial con implicaciones diplomáticas, institucionales y electorales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que este tipo de requerimientos deben sostenerse en evidencia concreta, como ocurre también cuando México pide la entrega de personas reclamadas por la justicia nacional ante autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información difundida por La Jornada y retomada por infobae, Sheinbaum insistió en que sin sustento probatorio puede rechazarse una solicitud de esa naturaleza, incluso si la Fiscalía mexicana mantiene una investigación abierta. El caso llega después de que Rocha Moya compareciera de manera voluntaria ante la Fiscalía General de México a finales de mayo, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que el gobierno federal ha cuestionado por considerarlas débiles y carentes de respaldo sólido.
El trasfondo es más amplio que un expediente judicial. En los hechos, la discusión toca una fibra sensible en la relación bilateral: la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, una alianza que suele avanzar sobre una delgada línea entre coordinación y presión política. Sheinbaum ha sugerido que detrás de estas acusaciones podría existir un intento de influir indebidamente en la vida interna mexicana y en el tablero político rumbo a las elecciones de 2027. Esa lectura no es menor en un estado como Sinaloa, donde la presencia del crimen organizado ha marcado durante años la agenda pública, la confianza ciudadana y la estabilidad de las instituciones locales. Si las acusaciones se sostienen sin pruebas, el costo no solo sería para un funcionario específico, sino para la credibilidad de todo el esquema de cooperación judicial entre ambos países.
Para la gente de a pie, el episodio importa por una razón concreta: cuando la disputa entre gobiernos se mezcla con acusaciones criminales, la seguridad pública, la inversión y la gobernabilidad quedan atrapadas en una zona de incertidumbre. En Sinaloa, donde la violencia y la disputa territorial entre grupos delictivos siguen condicionando la vida cotidiana, cualquier señal de fractura entre autoridades puede traducirse en más desconfianza. Y para México en su conjunto, el mensaje de Sheinbaum busca marcar autonomía frente a Washington, pero también elevar el estándar: si Estados Unidos quiere mover una ficha tan delicada, tendrá que demostrar primero que sus señalamientos resisten el escrutinio judicial.
