Garrido advierte posible escándalo en la Agencia de Tierras por predios
Imagen: El Tiempo - Política
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, advirtió a EL TIEMPO que el manejo de predios en la entidad podría terminar en un nuevo escándalo de alcance nacional. Según dijo, hay 5,5 billones de pesos comprometidos y más de 2.000 terrenos con problemas para ser entregados.
La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, lanzó una alerta que, por su alcance, vuelve a poner bajo presión el manejo de la política de tierras en Colombia. En diálogo con EL TIEMPO, sostuvo que el país podría enfrentar un caso “vergonzoso” si se confirma la magnitud de las irregularidades detectadas alrededor de la compra y entrega de predios, donde, según su denuncia, se habrían comprometido 5,5 billones de pesos y existirían más de 2.000 terrenos con dificultades para llegar a manos de los beneficiarios.
El señalamiento no es menor. La Agencia de Tierras es una de las piezas centrales de la reforma agraria del Gobierno, una de las banderas políticas más sensibles de la administración de Gustavo Petro. Si los predios adquiridos no pueden ser entregados o presentan problemas jurídicos, técnicos o administrativos, el impacto no solo sería fiscal, sino también político y social: afecta la confianza en una de las promesas más visibles del Ejecutivo y golpea directamente a campesinos que esperan acceder a tierra formalizada para producir y sostenerse.
Lo que describe Garrido también abre preguntas sobre el control interno, la trazabilidad de los recursos y la depuración de los activos comprados por el Estado. En un país donde la disputa por la tierra ha sido una de las causas históricas del conflicto armado y la desigualdad rural, cualquier irregularidad en este frente tiene efectos que van más allá de una discusión burocrática. Por eso el caso podría terminar midiendo no solo la capacidad de la ANT para corregir errores, sino también la credibilidad del Gobierno para ejecutar su reforma agraria sin repetir los escándalos que ya han salpicado a otras entidades públicas.
El antecedente del escándalo de la UNGRD sigue fresco en la opinión pública, y justamente por eso la advertencia de la directora de la ANT tiene un eco mayor. Si las denuncias se confirman, el problema no sería únicamente de gestión: podría convertirse en otro episodio que alimente la percepción de desorden en el uso de los recursos del Estado. Para el Gobierno, el reto es responder rápido y con pruebas; para el país rural, la exigencia es más básica aún: saber si la promesa de tierra termina otra vez atrapada entre contratos, papeles y predios imposibles de entregar.
