Los ataques a la educación se disparan y convierten las aulas en otro frente de guerra
Imagen: El País
Los ataques contra la educación se dispararon 40% entre 2024 y 2025 y dejaron al menos 8.566 agresiones contra escuelas, estudiantes y docentes, según un informe citado por El País. La guerra ya no solo arrasa hospitales y hogares: también está cerrando aulas y empujando a millones de niños fuera del aprendizaje.
La guerra está entrando por la puerta del salón de clases. Entre 2024 y 2025 se registraron al menos 8.566 ataques contra centros educativos, estudiantes y docentes en distintos puntos del mundo, un salto de 40% frente al periodo anterior, según un informe citado por El País. El dato no describe una crisis abstracta: habla de escuelas bombardeadas, maestros amenazados, alumnos asesinados o desplazados y comunidades enteras obligadas a elegir entre sobrevivir o seguir estudiando. Lo más alarmante es que el daño ya no se limita a la destrucción física; también se está normalizando el uso militar de las escuelas y el empleo de drones en ataques dirigidos contra espacios donde antes la idea de seguridad parecía elemental.
El informe, que toma el pulso de un fenómeno global cada vez más extendido, muestra que el uso militar de las escuelas casi se duplicó en el mismo periodo. Eso significa que muchas aulas dejaron de ser lugares de aprendizaje y pasaron a funcionar como cuarteles, puntos de control o refugios improvisados por actores armados. En paralelo, el incremento de ataques con drones añade una capa de crueldad tecnológica: la educación ya no solo queda atrapada en fuegos cruzados tradicionales, sino también en ofensivas más precisas, difíciles de anticipar y, en demasiados casos, más letales. Para los docentes, esto supone trabajar bajo amenaza permanente; para los estudiantes, aprender en medio del miedo; y para los Estados, admitir que la escuela ha dejado de ser un espacio protegido por defecto.
El problema importa mucho más allá de las estadísticas porque golpea el futuro inmediato de sociedades enteras. Cuando una escuela cierra o es ocupada, el daño no se mide solo en paredes destruidas, sino en trayectorias de vida interrumpidas: niños que abandonan las aulas, adolescentes que no regresan, familias que migran y sistemas públicos que tardan años en recomponerse. En países ya marcados por pobreza, desigualdad o conflicto armado, cada centro educativo perdido profundiza brechas que luego se traducen en menos empleo, más reclutamiento por grupos armados, más violencia y menos movilidad social. Dicho de otro modo: atacar una escuela no es un daño colateral, es una forma de amputar el porvenir.
La tendencia además revela una paradoja incómoda para la comunidad internacional: mientras los gobiernos y organismos multilaterales repiten discursos sobre infancia, desarrollo y paz, la realidad sobre el terreno va en dirección opuesta. La cifra de 8.566 agresiones no solo debería encender alarmas diplomáticas; debería obligar a revisar mecanismos de protección, rendición de cuentas y prevención en conflictos activos. Si la educación pierde su carácter de santuario, lo que queda en riesgo no es únicamente la escolaridad de una generación, sino la capacidad de reconstruir sociedades después de la guerra. Y cuando eso ocurre, el costo deja de ser humanitario: se vuelve histórico.
