Macollins intensifica ataque contra Cepeda y pone bajo la lupa la presunta compra de votos
Imagen: infobae colombia
Sondra Macollins elevó el tono contra la campaña de Iván Cepeda en medio de la polémica por un video que reabrió sospechas sobre prácticas irregulares. La abogada pidió a las autoridades revisar de fondo las estrategias para captar votos y denunció una política marcada por el dinero.
La abogada Sondra Macollins, que ha ganado visibilidad por su reciente incursión en la política, lanzó un fuerte cuestionamiento contra la campaña de Iván Cepeda en medio de la controversia desatada por un video que encendió alarmas sobre la forma en que algunos sectores estarían intentando sumar apoyos. Su mensaje fue directo: según ella, lo que está en juego no es solo una disputa electoral, sino la sospecha de que se estarían usando recursos y estructuras económicas para inclinar la balanza a favor de una candidatura. En su intervención, Macollins dejó ver que, a su juicio, la campaña estaría intentando imponer su peso político “a punta de chequera”, una acusación que, en el contexto colombiano, no es menor porque toca una de las prácticas más sensibles y persistentes de la democracia: el clientelismo y la compra de votos.
De acuerdo con la información divulgada por infobae colombia, la abogada cuestionó de forma abierta lo que considera una posible compra de votos y exigió que las autoridades competentes investiguen las estrategias empleadas para captar sufragantes. Su postura se suma a un debate que suele reaparecer cada vez que una campaña queda bajo sospecha por el uso de recursos, incentivos o mecanismos que podrían desdibujar la competencia electoral. Aunque hasta ahora la denuncia se mueve en el terreno político y público, el señalamiento tiene suficiente peso para alimentar la discusión sobre los límites entre la movilización de votantes y las prácticas que pueden terminar contaminando una contienda.
Este tipo de acusaciones importa porque en Colombia la desconfianza electoral no surge de la nada: durante años, múltiples campañas han sido señaladas por el uso de favores, presión sobre comunidades y aprovechamiento de la necesidad económica de los votantes. Por eso, cuando una figura como Macollins pone el foco sobre una campaña concreta, el debate deja de ser solo partidista y toca una pregunta más profunda: ¿están compitiendo ideas o poder económico? En un país donde la desigualdad sigue marcando la relación entre política y ciudadanía, cada denuncia de este tipo termina afectando algo más que una candidatura: erosiona o fortalece la confianza en que el voto realmente vale lo mismo para todos.
A falta de una respuesta institucional más amplia sobre el caso, el episodio deja una señal clara: la campaña ya no solo deberá lidiar con la competencia electoral, sino también con el costo político de la sospecha. Y en elecciones marcadas por la polarización, ese costo puede ser decisivo. Si las autoridades deciden abrir una revisión seria, el caso podría convertirse en un nuevo termómetro sobre qué tan dispuesta está Colombia a enfrentar, de una vez por todas, las prácticas que han distorsionado su democracia durante décadas.
