FLIP alerta por posible impunidad tras suspensión de audiencia contra alias Chalá
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La audiencia de imputación contra alias Chalá, señalado como cabecilla de disidencias y presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, fue suspendida. La FLIP advirtió que la dilación aumenta el riesgo de impunidad en un caso que mantiene en alerta al periodismo colombiano.
La suspensión de la audiencia de imputación contra alias Chalá, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias y presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda para Colombia: ¿hasta dónde puede estirarse un proceso penal sin que la justicia pierda capacidad de respuesta? La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) encendió las alarmas al advertir que la demora abre la puerta a escenarios de impunidad en un caso que, por la naturaleza de la víctima y los señalamientos contra el presunto autor, trasciende lo judicial y golpea de frente la libertad de prensa.
Según informó El Tiempo (Colombia), la diligencia quedó suspendida en medio de un proceso que ya venía acumulando tensiones por su lentitud. El hecho de que la imputación no haya podido avanzar no es un detalle menor: en casos de asesinatos de periodistas, cada aplazamiento erosiona la confianza de las víctimas, de sus familias y del propio gremio periodístico en la capacidad del Estado para investigar y sancionar. La FLIP sostuvo que la dilación resulta especialmente delicada porque el caso involucra a una figura asociada con estructuras armadas ilegales y a un crimen que, además de arrebatar una vida, envía un mensaje de intimidación a toda una comunidad informativa.
El problema de fondo no se limita a una audiencia frustrada. En Colombia, la impunidad en ataques contra periodistas ha sido una constante que debilita la democracia local, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados o economías ilegales condiciona la circulación de información. Cuando un proceso se estanca, no solo se posterga una eventual condena: también se refuerza la percepción de que agredir a un reportero puede no tener consecuencias reales. Eso afecta de manera directa a quienes cubren poder, conflicto y corrupción, y termina restringiendo el derecho de la ciudadanía a estar informada. En ese sentido, el caso de Mateo Pérez se convierte en una prueba para medir si el sistema judicial puede responder con rapidez y firmeza cuando la violencia busca silenciar una voz periodística.
Más allá del expediente concreto, este episodio deja ver una tensión estructural que Colombia no ha logrado resolver del todo: la distancia entre el discurso de protección a la prensa y la velocidad real con que avanzan las investigaciones cuando un comunicador es asesinado. La alerta de la FLIP no debería leerse solo como una advertencia gremial, sino como un llamado a las instituciones para evitar que el paso del tiempo termine favoreciendo a quienes atacan el periodismo. Si la justicia no logra actuar con oportunidad en un caso de esta gravedad, el mensaje que queda es preocupante: en Colombia, matar a un periodista todavía puede salir demasiado barato.
