Línea atribuida a Petro estaba a nombre de exasesor ligado a la Ungrd

La revelación de que una línea oficial atribuida al presidente Gustavo Petro estaba registrada a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor hoy salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, desató un nuevo frente de controversia política y judicial en Colombia. El hallazgo llevó a la suspensión inmediata de unas escuchas ordenadas por la Corte Suprema, un giro que eleva las preguntas sobre quién manejaba realmente esa comunicación y qué tan lejos llega la red de contactos alrededor del megacaso de la Ungrd.

Según informó infobae colombia, la línea fue identificada en medio de diligencias judiciales que ya estaban en curso y terminó por alterar el rumbo de las interceptaciones. La medida no es menor: cuando una corte de esa jerarquía autoriza escuchas, el Estado presume que existe material suficiente para avanzar en una investigación seria. Pero si el número intervenido no corresponde formalmente al titular esperado, la cadena de custodia y la validez del procedimiento quedan bajo una lupa inmediata. En este caso, el nombre de Ramírez Cobo vuelve a quedar en el centro de una trama que ya había golpeado la credibilidad del aparato público.

El episodio importa por una razón de fondo: el escándalo de la Ungrd dejó de ser solo un asunto de contratos, contratistas y posibles desvíos de recursos para convertirse en una radiografía de cómo se mezclan poder político, operadores de confianza y estructuras institucionales frágiles. Que una línea vinculada al presidente aparezca a nombre de un exasesor investigado no solo alimenta la sospecha pública, sino que también expone la vulnerabilidad de los mecanismos de control dentro del propio Estado. En Colombia, donde la confianza en las instituciones suele erosionarse más rápido que las investigaciones avanzan, este tipo de hallazgos no se leen como una anécdota técnica: se interpretan como señales de un problema más profundo.

A partir de ahora, la discusión no solo girará en torno a la responsabilidad penal o disciplinaria de los involucrados, sino también al alcance político de la revelación. Si se confirma que el presidente conocía la situación, el caso puede adquirir una dimensión mucho más sensible para la Casa de Nariño, en un momento en que cada movimiento alrededor de la Ungrd sigue ampliando el daño reputacional del Gobierno. Lo que parecía una pesquisa más sobre corrupción administrativa terminó tocando el núcleo mismo de la comunicación presidencial y dejando una pregunta incómoda en el aire: quién estaba realmente al otro lado de esa línea.