Piden blindar recursos de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto
Imagen: El Tiempo - Política
Transparencia por Colombia pidió blindar los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, ante el riesgo de desvíos y uso en fines ajenos a la emergencia. La advertencia pone el foco en la vigilancia de cada peso público cuando la urgencia suele abrir la puerta a la opacidad.
Transparencia por Colombia lanzó una alerta que no debería pasar inadvertida: los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto deben ser protegidos desde el primer momento para evitar que terminen desviados o absorbidos por gastos que nada tienen que ver con la emergencia. La veeduría internacional, según informó El Tiempo - Política, puso el acento en un riesgo recurrente en Colombia y en toda la región: cuando llegan los fondos para atender una tragedia, también aparecen las presiones políticas, la improvisación administrativa y las tentaciones de mover dinero hacia otros frentes.
La recomendación de la organización no se limita a un llamado general a la transparencia. En el fondo, plantea una exigencia mucho más concreta: que el manejo de esos recursos tenga controles verificables, trazabilidad y mecanismos de seguimiento que permitan saber en qué se gasta, quién autoriza cada desembolso y con qué criterios se priorizan las obras. En escenarios de reconstrucción, la opacidad suele entrar por la puerta de los contratos urgentes, las compras rápidas y la eliminación de filtros bajo el argumento de que “no hay tiempo”. Justamente allí, advierten este tipo de veedurías, es donde más se pierde dinero público.
El pronunciamiento también recuerda una lección conocida, pero pocas veces aplicada con disciplina: la ayuda para reconstrucción no puede confundirse con una bolsa discrecional para cubrir huecos presupuestales ni con una caja menor para atender intereses locales o nacionales. Después de una catástrofe natural, la ciudadanía espera soluciones visibles —viviendas, infraestructura, servicios básicos, recuperación económica— y no informes ambiguos o cuentas imposibles de auditar. Por eso, la advertencia de Transparencia por Colombia importa más allá del caso puntual del terremoto: pone sobre la mesa la pregunta de siempre en América Latina, cómo garantizar que la tragedia no se convierta también en negocio.
En Colombia, donde la desconfianza hacia la contratación pública sigue siendo alta, este tipo de alertas deberían traducirse en reglas más estrictas, supervisión ciudadana y publicación permanente de los contratos y avances de obra. Para las comunidades afectadas, la discusión no es técnica ni abstracta: es la diferencia entre reconstruir sus casas, escuelas y vías, o quedarse esperando durante meses mientras el dinero se diluye en trámites, sobrecostos o decisiones opacas. En otras palabras, la transparencia en la reconstrucción no es un lujo institucional; es parte esencial de la respuesta a la emergencia.
