Extorsión sigue golpeando al transporte en Honduras, denuncia dirigente del sector
Imagen: infobae
La extorsión sigue golpeando al transporte público en Honduras, según denunció el dirigente Jorge Lanza, quien aseguró que las rutas continúan pagando miles de lempiras a grupos criminales para poder operar. El problema, lejos de ceder, mantiene en jaque a conductores, empresarios y pasajeros.
La extorsión sigue asfixiando al transporte público en Honduras y, según el dirigente Jorge Lanza, el problema no distingue rutas ni zonas: alcanza a casi todo el sector. El líder transportista aseguró que las unidades continúan siendo blanco de cobros criminales y que algunas líneas están pagando miles de lempiras cada mes solo para poder salir a trabajar, una señal clara de que la violencia económica sigue marcando el pulso de la movilidad en el país.
De acuerdo con la denuncia de Lanza, la presión de estas redes no ha disminuido pese a las promesas de seguridad que históricamente han acompañado a este tipo de crisis. El transporte, que en Honduras mueve diariamente a miles de personas hacia sus trabajos, escuelas y centros de salud, opera bajo la sombra de una economía paralela impuesta por grupos criminales. Para los dueños de unidades y los conductores, no se trata solo de una pérdida financiera: también significa vivir expuestos a amenazas, retrasos, paralizaciones forzadas y, en los peores casos, ataques directos.
Este fenómeno no es nuevo, pero su persistencia revela algo más grave que un problema policial. La extorsión se ha convertido en un impuesto de facto sobre uno de los servicios más esenciales del país, debilitando la rentabilidad del negocio y encareciendo el costo de operar. Cuando una ruta debe destinar parte de sus ingresos al pago criminal, ese impacto termina trasladándose a toda la cadena: menos inversión en unidades, menor calidad del servicio, más riesgo para trabajadores y, en ocasiones, aumento indirecto de tarifas para usuarios que ya cargan con una movilidad precaria. En términos sociales, el efecto es doble: afecta la seguridad de quienes trabajan en el sector y también la de quienes dependen del transporte para sobrevivir cada día.
La denuncia de Lanza vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Honduras no ha logrado resolver: la extorsión funciona como una estructura de control territorial y económico que le disputa al Estado una de sus funciones más básicas, la protección de la vida y del trabajo. Mientras esa lógica permanezca intacta, el transporte seguirá operando bajo presión y con márgenes cada vez más estrechos. Y para la población, el mensaje es preocupante: moverse por el país sigue siendo, en muchos casos, una actividad atravesada por el miedo y por el costo invisible de la criminalidad organizada.
