Trata de personas en Colombia: las redes de captación que llegan hasta Cartagena y las víctimas que buscan protección
Omar RodríguezHace 9 horas
Entre ofertas laborales engañosas, investigaciones criminales y nuevas herramientas digitales, la trata de personas continúa afectando a mujeres y otras poblaciones vulnerables. Operaciones policiales en Cartagena, un informe de la Defensoría y una reforma legal de 2026 permiten examinar cómo opera el delito y qué respuestas siguen pendientes.
Cartagena de Indias es reconocida internacionalmente por su patrimonio histórico, su actividad turística y su ubicación estratégica en el Caribe colombiano.
Pero, detrás de esa actividad económica, distintas investigaciones de las autoridades han identificado presuntas estructuras de trata de personas que aprovechaban ofertas económicas, intermediarios y contactos con personas de otras regiones y países.
El 4 de junio de 2025, la Policía Nacional informó sobre la captura de doce personas vinculadas presuntamente a una organización de trata que operaba en sectores de Cartagena.
Según el comunicado policial, la estructura captaba mujeres de la ciudad, de otras regiones colombianas y de Venezuela mediante ofertas económicas.
La Policía señaló que la investigación había identificado intermediarios y el uso de establecimientos comerciales como fachada.
Durante los procedimientos también fueron localizadas cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años, que quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Las autoridades comunicaron que los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos entre los que figuraban trata de personas y concierto para delinquir.
Sin embargo, una captura no equivale a una condena. Para conocer el desenlace del caso es necesario revisar las decisiones judiciales posteriores.
Una captura internacional en mayo de 2026
El 14 de mayo de 2026 se realizó otro procedimiento relevante en el Centro Histórico de Cartagena.
De acuerdo con reportes periodísticos publicados al día siguiente, las autoridades capturaron a una ciudadana venezolana requerida por Perú mediante una notificación roja de Interpol.
La mujer era señalada de participar presuntamente en la captación de víctimas para una estructura transnacional.
La operación muestra la importancia de la cooperación entre países en las investigaciones de trata, pero no prueba por sí sola que los hechos imputados en Perú se hayan cometido en Cartagena.
Tampoco debe presentarse la responsabilidad penal de la detenida como establecida mientras no se conozca una decisión judicial correspondiente.
El 30 de julio de 2026, la Policía Nacional anunció la captura en Riohacha, La Guajira, de un hombre conocido como alias «León».
Las autoridades lo señalaron como presunto articulador de una estructura de trata con presencia en diferentes regiones colombianas, entre ellas Bolívar.
Según la Policía, la investigación comenzó en 2023 después de una denuncia ciudadana y permitió identificar mecanismos digitales utilizados presuntamente para ofrecer a mujeres.
Aunque Bolívar aparece entre los territorios mencionados, la información pública consultada no permite establecer cuántas víctimas de esta investigación residían en Cartagena ni qué vínculo existía, si alguno, con la organización intervenida en 2025.
Unir ambas investigaciones como si se tratara de una misma red sería una conclusión sin respaldo documental.
La trata no requiere cruzar una frontera
La idea de que la trata de personas ocurre únicamente cuando alguien es llevado a otro país no corresponde con los datos oficiales colombianos.
En julio de 2026, la Defensoría del Pueblo publicó su balance sobre los casos atendidos durante 2025.
De las 268 víctimas examinadas, 253 eran mujeres.
El 69,4 % de las atenciones se relacionaba con situaciones de trata interna, es decir, dentro del territorio colombiano.
La información demuestra que el problema también puede desarrollarse sin desplazamientos internacionales.
La Defensoría identificó además una elevada vulnerabilidad socioeconómica entre las personas atendidas: el 81,7 % pertenecía a los estratos 1 y 2.
Estas cifras describen la población atendida por la institución y no representan necesariamente la distribución de todas las víctimas del país.
¿Cómo se produce la captación?
Las autoridades han advertido sobre mecanismos de captación que utilizan ofertas laborales falsas, promesas educativas, relaciones afectivas engañosas y contactos mediante plataformas digitales.
Los métodos pueden variar de acuerdo con la edad de la víctima, sus condiciones económicas, el territorio y el tipo de explotación buscada.
La trata no tiene una única finalidad.
Puede involucrar trabajos o servicios forzados, servidumbre, mendicidad ajena, delincuencia forzada, matrimonios forzados y otras modalidades previstas en la legislación.
En consecuencia, el análisis de la trata no debe quedar reducido exclusivamente a casos de explotación sexual.
Para comprender una investigación concreta hay que identificar las conductas atribuidas a los sospechosos, la finalidad de explotación y las pruebas que sustentan la imputación.
Una ley que busca responder a nuevas modalidades
El 27 de julio de 2026 entró en vigor la Ley 2608, que fortaleció la legislación colombiana contra la trata de personas.
La reforma actualizó el artículo 188A del Código Penal y amplió expresamente las conductas relacionadas con la captación y facilitación de personas con fines de explotación.
También incorporó disposiciones de prevención, asistencia y protección.
Uno de sus componentes relevantes es la atención a las nuevas formas de captación que utilizan medios digitales.
La existencia de la norma, sin embargo, no permite establecer automáticamente cuántas víctimas han sido protegidas gracias a ella.
Para comprobar sus resultados deben evaluarse los mecanismos de aplicación, los recursos institucionales, el número de víctimas asistidas y las investigaciones judiciales.
La respuesta institucional frente a las víctimas
En su balance de julio de 2026, el Ministerio del Interior informó que el Estado había identificado y caracterizado a 1.448 víctimas de trata entre enero de 2022 y junio de 2026.
La cifra corresponde a un período superior a cuatro años y no debe presentarse como un balance exclusivo de 2026.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que continúan existiendo dificultades de prevención y atención, especialmente en territorios atravesados por economías ilícitas, desigualdad y conflicto armado.
En las atenciones estudiadas por esa entidad, el 40,7 % estuvo vinculado directa o indirectamente con dinámicas del conflicto armado.
La relación merece investigación, pero no significa que todas las organizaciones armadas participen de la misma manera en la trata ni que todas las víctimas del conflicto hayan sido víctimas de ese delito.
El interrogante que dejan las capturas
Los comunicados oficiales suelen informar cuántas personas fueron capturadas y cómo se desarrolló una operación.
Pero una investigación periodística necesita examinar lo que sucede después.
¿Cuántas personas señaladas terminan condenadas? ¿Cuántas víctimas reciben asistencia médica, psicológica, jurídica y económica? ¿Cuántos expedientes son archivados? ¿Qué mecanismos existen para evitar que una persona liberada vuelva a quedar expuesta a sus explotadores?
En el caso de Cartagena, las respuestas exigen seguimiento de los expedientes judiciales, información de las autoridades de protección y datos verificables sobre las víctimas atendidas.
La investigación documental actual no permite establecer esos resultados.
El desafío de una ciudad y de un país
Los antecedentes de Cartagena muestran que las autoridades han investigado la captación de personas y la actuación de organizaciones señaladas de trata.
La reforma legal de 2026 amplía las herramientas para responder al delito.
Pero el verdadero alcance de esa respuesta no puede medirse solamente por el número de capturas o por la aprobación de leyes.
También debe examinarse si las víctimas acceden a protección, si los responsables son juzgados con garantías y si las instituciones consiguen prevenir nuevas situaciones de explotación.
La trata de personas no es simplemente un problema de desplazamientos o fronteras.
Es una vulneración de la libertad y la dignidad humana que puede comenzar con una promesa aparentemente cotidiana.
La pregunta que permanece abierta no es solamente cómo actúan las redes de captación, sino qué sucede con las víctimas cuando las autoridades anuncian que una de esas redes ha sido desarticulada.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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