La OEA abre su cumbre en Panamá entre recortes de EE.UU. y presión por Nicaragua
Imagen: El País
La Asamblea General de la OEA arranca en Panamá bajo una tormenta política y financiera: escándalos internos, recortes impulsados por Washington y dudas sobre el rumbo del organismo. En paralelo, la sociedad civil intenta impedir que los crímenes del régimen de Daniel Ortega queden relegados.
La Organización de Estados Americanos abrió su Asamblea General en Panamá en uno de sus momentos más frágiles de los últimos años: con una presión creciente desde Washington, una crisis de financiamiento que amenaza su capacidad operativa y una credibilidad desgastada por escándalos de gestión que han alimentado el malestar entre varios gobiernos. El telón de fondo es más grave de lo que parece. La ofensiva diplomática impulsada por Donald Trump, que ha sacudido la estructura de relaciones de Estados Unidos con el sistema interamericano, no solo reordena prioridades en el organismo: también deja en el aire la pregunta de si la OEA seguirá siendo un árbitro hemisférico o terminará convertida en un foro cada vez más débil y dependiente de los vaivenes políticos de su principal financiador.
En esa atmósfera de incertidumbre, la cita de Panamá llega con una agenda en la que se mezclan la disputa por recursos, las denuncias sobre la administración interna y el intento de varios actores de rescatar el papel político de la OEA en temas de derechos humanos y democracia. La asfixia presupuestaria estadounidense pesa porque, en la práctica, la organización depende en una proporción enorme del dinero de Washington para sostener misiones de observación electoral, mecanismos de seguimiento y áreas técnicas que, sin esos fondos, pierden capacidad de acción. A eso se suma el desgaste por cuestionamientos a su gestión, un problema que no es menor en un organismo que pretende exigir estándares institucionales a sus miembros mientras enfrenta críticas por su propia eficiencia y transparencia. En los pasillos de la Asamblea, el mensaje es claro: la crisis no es solo financiera, también es política.
Lo que está en juego va más allá de la burocracia diplomática. La OEA nació como una plataforma para defender la democracia en el continente, pero hoy enfrenta una tensión estructural: si se alinea demasiado con la estrategia de Washington, pierde legitimidad ante otros gobiernos; si se distancia demasiado, corre el riesgo de quedarse sin recursos y sin capacidad real de incidencia. En ese dilema, la presión de la sociedad civil para que no se archive la situación de Nicaragua resulta especialmente relevante. Organizaciones y activistas buscan impedir que los crímenes atribuidos al régimen de Daniel Ortega queden sepultados por las disputas internas del organismo y por el ruido geopolítico. Para miles de nicaragüenses exiliados o sometidos a represión, la OEA sigue siendo una de las pocas tribunas donde todavía puede mantenerse viva la denuncia internacional.
Panamá, entonces, no es solo la sede de una cumbre más. Es el escenario donde se mide si la OEA todavía puede responder a las urgencias democráticas del continente o si ha entrado en una fase de irrelevancia acelerada. Y para los ciudadanos de la región, especialmente en países donde la vigilancia internacional ha servido como contención frente a los abusos del poder, ese desenlace importa mucho más de lo que parece desde las cancillerías.
