Begoña Gómez recurrirá la retirada del pasaporte y crece la tensión con el juez Peinado
Imagen: El País
Begoña Gómez impugnará la retirada de su pasaporte ordenada por el juez Juan Carlos Peinado, una medida excepcional que eleva la tensión entre el entorno de Moncloa y la investigación judicial. El caso abre un nuevo choque sobre proporcionalidad, riesgo de fuga y pulso institucional.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, recurrirá la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte dentro de la investigación que la rodea, según informó El País. La medida, poco habitual en este tipo de procedimientos, ha encendido de inmediato la batalla política: el magistrado sostiene que existe riesgo de fuga y que sus escoltas podrían facilitarla, mientras desde Moncloa y el PSOE interpretan el movimiento como una prueba más de la presión judicial que, a su juicio, viene sufriendo la familia del presidente. Más allá del ruido partidista, el paso del juez coloca el caso en una nueva fase, con implicaciones directas sobre la imagen institucional del Gobierno y sobre el debate, cada vez más enrarecido, entre justicia y política en España.
La decisión no es menor. La retirada de pasaporte implica una restricción preventiva de la libertad de movimiento y suele justificarse cuando el instructor considera que una persona investigada podría intentar eludir la acción judicial. En este caso, Peinado ha elevado el listón al considerar no solo el eventual riesgo de salida del país, sino también la posibilidad de que la protección oficial que acompaña a Gómez pudiera jugar en favor de una hipotética fuga. Esa apreciación ha sido calificada de “barbaridad” por Jupol, un sindicato policial, que ve desproporcionado el razonamiento del magistrado. Desde el lado político, la Moncloa y el PSOE han reaccionado en sentido contrario: sostienen que la medida confirma una actuación obsesiva y persecutoria contra Gómez y, por extensión, contra el presidente y su entorno más cercano.
Lo que importa aquí no es solo la pulseada de declaraciones, sino el efecto acumulativo que este expediente está teniendo sobre la gobernabilidad y la confianza pública. Cuando una causa judicial toca directamente a la pareja del jefe del Ejecutivo, cada resolución pasa a leerse en clave política, aunque formalmente responda a criterios procesales. Y eso tiene un costo: el Gobierno intenta blindar la agenda de gestión, pero el caso vuelve una y otra vez al centro del debate, alimentando la idea de un país atrapado entre la sospecha judicial y la defensa cerrada de la institución presidencial. Para la ciudadanía, el asunto no se reduce a si Gómez podrá o no viajar; también pone sobre la mesa una pregunta más incómoda: hasta dónde puede escalar una investigación sin deteriorar todavía más la percepción de imparcialidad de los tribunales o la credibilidad del poder político.
En las próximas horas, el recurso de Gómez abrirá un nuevo capítulo ante la instancia correspondiente, que deberá decidir si mantiene o revoca la cautela impuesta por Peinado. Si la medida se confirma, el caso ganará en gravedad simbólica; si se tumba, el juez quedará expuesto a críticas por exceso. En cualquier escenario, el episodio refuerza una realidad que ya pesa sobre la política española: cuando la justicia entra en la casa de un gobierno, la frontera entre investigación y combate institucional se vuelve cada vez más difícil de distinguir.
