El Poder Judicial abre expediente a Peinado en pleno pulso por el caso Begoña Gómez
Imagen: El País
El Poder Judicial movió ficha contra el juez Juan Carlos Peinado por unas insinuaciones sobre los escoltas de Begoña Gómez que consideró impropias. En paralelo, el magistrado la ha citado para este miércoles con la orden de entregar su pasaporte, en un caso que vuelve a tensar la relación entre Moncloa y los tribunales.
El Poder Judicial ha puesto en marcha el trámite para expedientar al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, después de que en una de sus resoluciones sugiriera que sus escoltas podrían facilitarle una eventual huida. La decisión llega en un momento especialmente delicado: mientras el órgano disciplinario examina la actuación del magistrado, Peinado ha citado a Gómez para este miércoles con la obligación de entregar su pasaporte, una medida que eleva la presión sobre una investigación ya convertida en uno de los principales focos de tensión institucional en España.
La apertura del procedimiento no prejuzga una sanción, pero sí refleja que dentro del propio sistema judicial ha habido incomodidad con el contenido y el tono de algunas decisiones del instructor. El caso gira en torno a presuntos delitos vinculados a la actividad profesional de Gómez, y desde el inicio ha estado rodeado de un fuerte debate político. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a cargar contra la instrucción al calificarla de anómala y al sostener que Peinado ha dictado resoluciones que, a su juicio, se alejan del derecho. Esa crítica no es menor: procede de un miembro clave del Gobierno y amplifica la lectura de que la causa se ha desplazado del terreno estrictamente judicial al de la pelea institucional.
El fondo del asunto va más allá del expediente concreto. En España, el Consejo General del Poder Judicial ha sido históricamente muy sensible a cualquier indicio de extralimitación de los jueces, sobre todo cuando las resoluciones afectan a figuras del entorno del poder ejecutivo. Que el órgano disciplinario estudie ahora la conducta de Peinado mientras el magistrado adopta medidas tan llamativas como exigir la entrega del pasaporte alimenta la percepción de un choque de legitimidades: por un lado, la defensa de la independencia judicial; por otro, la exigencia de que esa independencia no se convierta en carta blanca para decisiones cuestionables. Para el Gobierno, el caso erosiona la imagen de normalidad institucional; para la oposición, confirma que la investigación debe llegar hasta el final sin interferencias. Y para la ciudadanía, deja una pregunta incómoda: cuánto pesan realmente las garantías del proceso cuando la política entra de lleno en el tribunal.
Lo que ocurra en los próximos días será clave no solo para el futuro de la causa, sino para medir hasta qué punto el conflicto entre el Ejecutivo y parte de la judicatura puede seguir escalando. Si el expediente avanza, Peinado tendrá que defender la legalidad de sus resoluciones ante un órgano que rara vez interviene en caliente. Si, además, el juez mantiene sus medidas cautelares, el caso seguirá ocupando el centro del debate público y reforzará la idea de que en España ya no se discute solo sobre delitos o pruebas, sino también sobre los límites del poder judicial cuando toca a la puerta de La Moncloa.
