Ceuta sacude al Gobierno: Moncloa cuestiona a la Policía y el PP apunta a Marlaska
Imagen: El País
La Moncloa cuestiona que la Policía no haya trasladado al Gobierno un informe sobre Marruecos que sí ha salido a la luz en plena crisis migratoria en Ceuta. La oposición y Jupol elevan la presión sobre Fernando Grande-Marlaska, al que piden dimitir por la gestión de la frontera.
La crisis por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente político en Madrid: La Moncloa asegura que le “sorprende” que la Policía no haya compartido con el Gobierno la información recogida en un informe sobre Marruecos, mientras el Partido Popular y el sindicato Jupol han aprovechado el episodio para disparar contra Fernando Grande-Marlaska y pedir su dimisión. El choque no es menor: en medio de una tensión diplomática y de seguridad sin precedentes, el Ejecutivo intenta defender que no recibió advertencias clave, mientras la oposición sostiene que el ministro del Interior ha perdido el control de la crisis.
Según informó El País, el director de la Policía se reunió con el jefe de los agentes que elaboraron el documento sobre Marruecos, en una escena que revela la sensibilidad interna del asunto y la presión sobre los mandos policiales. Desde el Gobierno insisten en que les llama la atención que un informe de ese alcance no haya sido trasladado por los cauces institucionales habituales, una crítica que apunta tanto a la cadena de mando policial como a la forma en que se gestionó la información en un momento especialmente delicado. En paralelo, el PP acusa a Marlaska de mentir y exige su salida inmediata del Ministerio del Interior, elevando el tono político de una crisis que ya ha desbordado el terreno migratorio para convertirse en una disputa por responsabilidades.
Lo que está en juego va más allá de un cruce de acusaciones. La entrada de miles de personas a Ceuta puso en evidencia la fragilidad del control fronterizo, la dependencia de la cooperación con Marruecos y la capacidad real del Estado español para anticipar una situación de este tipo. Si, como sostiene La Moncloa, hubo información relevante que no llegó al Consejo de Ministros, la pregunta es por qué falló el circuito interno; si, por el contrario, el Gobierno conocía el riesgo y no actuó, la discusión cambia por completo y golpea de lleno la credibilidad de Interior. En ambos escenarios, el coste político es alto porque la ciudadanía ve una frontera desbordada, fuerzas de seguridad presionadas y una Administración que se acusa mutuamente de no haber estado a la altura.
El caso además deja otra lección incómoda: cuando una crisis migratoria se mezcla con la lucha partidista, la respuesta estatal pierde cohesión y gana ruido. Ceuta no es solo un problema de orden público o de política exterior; es también un termómetro de la capacidad del Gobierno para coordinar información, proteger la frontera y evitar que cada dato filtrado se convierta en munición política. Y en ese terreno, por ahora, nadie parece salir fortalecido.
