Paz total en punto muerto: una mesa suspendida y dos diálogos sin avanzar
Imagen: El Tiempo - Política
Las conversaciones de paz del Gobierno con el Eln, el Clan del Golfo y la disidencia de ‘Calarcá’ atraviesan su momento más frágil. Mientras una mesa sigue suspendida desde enero y las otras dos no lograron pasar a zonas de ubicación temporal, crece la incertidumbre sobre el futuro de la política de “paz total”.
La política de “paz total” del Gobierno enfrenta hoy uno de sus puntos más delicados: tres mesas con actores armados clave avanzan con severos tropiezos, una permanece suspendida desde enero de 2025 y las otras dos no lograron concretar el traslado a zonas de ubicación temporal, un paso que debía servir como antesala para desescalar la violencia y abrir una ruta verificable de negociación. El panorama, lejos de mostrar avances sólidos, confirma que el proceso atraviesa una fase de estancamiento que golpea la credibilidad del Ejecutivo y alimenta la incertidumbre en los territorios más afectados por el conflicto.
Según informó El Tiempo - Política, la mesa suspendida corresponde a uno de los frentes más sensibles de la agenda de diálogos, mientras que los acercamientos con ‘Calarcá’, el Eln y el Clan del Golfo no han logrado traducirse en condiciones mínimas para pasar del discurso a los hechos. En la práctica, eso significa que no hay todavía garantías operativas, políticas ni de seguridad suficientes para concentrar a esos grupos en zonas de ubicación temporal, una figura que el Gobierno había planteado como mecanismo para facilitar verificaciones, reducir choques armados y avanzar en desarme o sometimiento, dependiendo del caso. El resultado es una negociación atascada entre anuncios oficiales, expectativas incumplidas y una realidad territorial donde siguen mandando las armas.
Este punto importa porque el fracaso o la lentitud de estas mesas no solo afecta la agenda del presidente Gustavo Petro, sino que también tiene impacto directo sobre comunidades atrapadas entre extorsiones, confinamientos, desplazamientos y disputas por corredores estratégicos. Cuando una mesa se congela o no logra pasar de la fase preliminar, el mensaje que reciben los grupos armados puede ser doble: de un lado, que el Estado carece de capacidad para imponer un marco claro; del otro, que aún hay margen para seguir utilizando la negociación como herramienta de presión. En Colombia, ese tipo de ambigüedad casi siempre se traduce en más control territorial por parte de los armados y menos seguridad para la población civil.
El riesgo político es igual de alto. Si el Gobierno no consigue reordenar estas conversaciones, la “paz total” corre el peligro de convertirse en una promesa sobredimensionada frente a resultados cada vez más limitados. Y aunque todavía existe espacio para recomponer parte de la arquitectura de diálogo, el tiempo juega en contra: a medida que se prolongan las suspensiones y los incumplimientos, se debilita la confianza pública y se fortalece la idea de que el país sigue atrapado en el mismo ciclo de negociación, ruptura y recomposición que ha marcado décadas de conflicto.
