Economistas piden levantar sanciones a Venezuela tras el terremoto y abrirle financiamiento urgente

Un centenar de economistas ha pedido a Estados Unidos que levante las sanciones contra Venezuela para reducir el impacto económico provocado por el terremoto y abrir espacio fiscal a una respuesta de emergencia. La solicitud, difundida en medio de la devastación causada por el sismo, pone en el centro una discusión que suele quedar atrapada en la disputa política: si las sanciones diseñadas para presionar al gobierno terminan agravando la situación de una población que ya vive con una economía colapsada.

Según informó El País, los académicos también reclamaron al Fondo Monetario Internacional que restablezca el acceso de Caracas a sus recursos para que el país pueda disponer de unos 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, una línea de liquidez que podría ser decisiva en un contexto de desastre natural. A eso sumaron un pedido de moratoria sobre la deuda venezolana, con el argumento de que el servicio de esa deuda compite directamente con el financiamiento de hospitales, reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y compra de bienes básicos. En otras palabras: piden que el sistema financiero internacional deje de actuar como una barrera justo cuando Venezuela necesita caja, no castigo.

La petición llega en un momento en que Venezuela arrastra años de sanciones estadounidenses, aislamiento financiero y deterioro institucional, pero también una profunda crisis humanitaria y una economía pulverizada por inflación, caída productiva y migración masiva. Por eso el debate no es solo técnico, sino político y moral. Para Washington, las sanciones han sido una herramienta de presión sobre el chavismo; para sus críticos, han terminado por encarecer importaciones, limitar transacciones y asfixiar todavía más al ciudadano común. El terremoto reabre esa disputa con un elemento difícil de ignorar: ante una emergencia de esta magnitud, la falta de acceso a liquidez internacional puede traducirse en más muertos, más demora en la ayuda y una reconstrucción todavía más lenta.

La carta de los economistas también expone una tensión de fondo en la región: cómo diferenciar entre sancionar a un gobierno y castigar a toda una sociedad. En América Latina, donde los desastres naturales golpean con especial dureza a los países de menor capacidad fiscal, la respuesta internacional suele depender de decisiones tomadas en Washington y en los organismos multilaterales. Si prospera esta presión, Venezuela podría ganar un respiro financiero temporal; si no, el país enfrentará el terremoto con las manos atadas, obligado a atender una emergencia sin acceso pleno a los instrumentos que, en teoría, existen precisamente para eso.