Juez de Florida condena a Maduro y Álex Saab a pagar 314 millones por torturas en Venezuela
Imagen: infobae estados unidos
Un juez de Florida ordenó a Nicolás Maduro y a Álex Saab pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses que denunciaron torturas en Venezuela. La sentencia vuelve a poner bajo presión internacional al círculo más cercano del chavismo por abusos cometidos en Caracas.
Un juez federal en Florida ordenó que Nicolás Maduro y el empresario colombiano Álex Saab paguen 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y torturados en Venezuela. La decisión, según informó infobae estados unidos, favorece a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes aseguran que durante su cautiverio en Caracas fueron sometidos a detención ilegal, golpes, descargas eléctricas y otros abusos graves.
El fallo representa un nuevo golpe judicial para el gobierno venezolano y para una de las figuras más cercanas al chavismo en el plano internacional. De acuerdo con la información conocida, la demanda se apoyó en testimonios sobre maltratos físicos y psicológicos sufridos por los tres estadounidenses mientras permanecían privados de la libertad en Venezuela. La orden de pago no solo apunta contra Maduro, sino también contra Saab, cuyo nombre ha aparecido durante años en expedientes vinculados con presunto lavado de dinero, redes de corrupción y el esquema de intermediación que sostuvo al aparato económico del régimen en momentos de mayor aislamiento externo.
Más allá del monto, el caso tiene una carga política evidente. En Estados Unidos, estas sentencias civiles por violaciones a derechos humanos suelen funcionar como una extensión de la presión diplomática y judicial sobre gobiernos considerados autoritarios. En el caso venezolano, la decisión alimenta el frente legal que distintos actores han construido contra Maduro y su entorno, mientras persisten denuncias de represión, detenciones arbitrarias y persecución contra opositores, disidentes y extranjeros. Para Washington, estos expedientes también sirven para mantener viva la narrativa de que el sistema de poder en Caracas no solo es un problema político, sino también humanitario y judicial.
El impacto práctico de una orden como esta no se mide únicamente en la posibilidad real de cobrar la suma impuesta. En la práctica, este tipo de fallos pueden complicar aún más los movimientos financieros y patrimoniales de los señalados, además de reforzar la presión internacional sobre sus activos y redes de relación. Para las víctimas, en cambio, la sentencia funciona como una forma de reconocimiento institucional a años de denuncias sobre abusos que, en muchos casos, quedaron fuera de alcance para la justicia venezolana. Y para el caso Venezuela, el mensaje es claro: los excesos cometidos en sus cárceles siguen encontrando eco en tribunales fuera del país, incluso cuando el poder político intenta blindarse con impunidad.
