Condenan a un juez de Paz de Salta por quedarse con cuotas alimentarias
Imagen: infobae
Un juez de Paz de Salta fue condenado por retener cuotas alimentarias de mujeres beneficiarias y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años. Aunque admitió el hecho en un juicio abreviado, no irá a prisión por la modalidad condicional de la pena.
La Justicia condenó a un juez de Paz de Salta por quedarse con cuotas alimentarias que debían llegar a mujeres beneficiarias, en un caso que expone una doble fractura institucional: el abuso de poder desde un cargo público y la vulneración de un derecho básico para sostener a los hijos. El magistrado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de ejecución condicional, por lo que no irá a la cárcel, aunque sí quedó inhabilitado por dos años para ocupar funciones públicas y deberá resarcir a las víctimas.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, el acusado fue encontrado responsable de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se resolvió a través de un acuerdo abreviado, una vía judicial que suele utilizarse cuando el imputado reconoce los hechos y acepta la condena, lo que acelera el proceso pero también limita el debate público sobre la magnitud del daño. En este caso, la resolución no solo fijó la condena, sino que dejó claro que el dinero retenido correspondía a cuotas alimentarias, es decir, recursos destinados a cubrir necesidades esenciales de niñas, niños y adolescentes.
El caso importa más allá del expediente judicial porque toca un problema que se repite en distintas provincias argentinas: la fragilidad del sistema de cumplimiento de obligaciones alimentarias y la asimetría de poder que muchas veces enfrentan las madres que reclaman. Cuando la propia autoridad encargada de impartir justicia aparece involucrada en la retención de fondos de manutención, el golpe institucional es severo. No se trata solo de una infracción administrativa o penal; se trata de un mensaje corrosivo para la confianza ciudadana en una función pública que debería ser garantía, no obstáculo, para el acceso a derechos. La inhabilitación por dos años representa una sanción concreta, pero también deja abierta la discusión sobre si las penas para este tipo de conductas alcanzan a reparar el daño social producido.
En términos prácticos, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de controles más estrictos sobre quienes administran fondos sensibles vinculados a familia y niñez. Para las víctimas, el resarcimiento ordenado por la Justicia es una parte del camino, aunque rara vez alcanza para compensar el tiempo perdido, la angustia acumulada y el vacío económico que genera la falta de alimentos. Para el sistema judicial, en cambio, la condena funciona como una advertencia incómoda: cuando la corrupción o el abuso se meten en áreas tan delicadas como la manutención de menores, el costo institucional se multiplica y la pérdida de legitimidad termina pagando toda la sociedad.
