La jueza de la dana recibe un aviso clave: la Diputación sabía del riesgo seis horas antes
Imagen: El País
Un alto cargo de la Diputación de Valencia declaró ante la jueza de la dana que avisó a la cúpula provincial del riesgo seis horas antes de que se enviara la alerta. Su testimonio abre una nueva línea sobre quién supo qué y cuándo en una tragedia que dejó 231 muertos.
Un alto cargo de la Diputación de Valencia ha aportado ante la jueza de la dana un dato que puede resultar decisivo para reconstruir la cadena de decisiones del 29 de octubre de 2024: asegura que alertó a la cúpula del organismo provincial del riesgo con seis horas de antelación respecto al envío de la alerta a la población. El testimonio refuerza la hipótesis de que hubo margen para reaccionar antes, en una jornada que terminó convertida en una de las mayores tragedias recientes en España, con 231 fallecidos.
Según informó El País, el compareciente fue quien optó por cerrar el organismo provincial el día del temporal y defendió ante la instructora que lo hizo porque la situación exigía una respuesta inmediata. Su versión añade una pieza más al rompecabezas judicial que investiga no solo la magnitud del fenómeno meteorológico, sino sobre todo el funcionamiento institucional en las horas críticas: quién recibió la información, cómo la procesó y por qué las medidas llegaron cuando buena parte del daño ya era irreversible. En una catástrofe de esta dimensión, los minutos importan tanto como los avisos técnicos.
El punto central del caso no es únicamente si hubo advertencias, sino si esas advertencias se tradujeron en decisiones eficaces. En episodios de lluvias extremas, inundaciones repentinas y desbordamientos, la diferencia entre una alerta temprana y una tardía puede ser la de permitir evacuaciones, cerrar infraestructuras, proteger centros vulnerables o evitar desplazamientos innecesarios. Por eso el testimonio ante la jueza abre una pregunta incómoda para las administraciones: si el riesgo era conocido con horas de margen, ¿por qué no se activaron antes los protocolos más severos? Y si sí se activaron, ¿por qué no alcanzaron para reducir el número de víctimas?
La investigación judicial se mueve así en un terreno que combina responsabilidad política, fallos de coordinación y capacidad real de respuesta ante emergencias climáticas cada vez más violentas. La dana de 2024 no solo dejó un saldo humano devastador; también expuso las debilidades de un sistema que depende de que la información fluya rápido y de que las decisiones se tomen sin dilación. Para la ciudadanía, la clave está en algo más amplio que la depuración de culpas: saber si, ante una nueva tormenta de esa magnitud, las instituciones estarían hoy mejor preparadas o si la lección todavía no se ha aprendido.
