Gobierno prepara decreto para fijar cuándo usar la fuerza en protestas
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno Nacional puso sobre la mesa un borrador de decreto para definir cuándo podría usarse la fuerza durante las manifestaciones. La propuesta busca ordenar la protesta, pero abre un debate sensible sobre límites, garantías y riesgo de abuso.
El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente en el debate sobre la protesta social al publicar un borrador de decreto que establece en qué momentos podría usarse la fuerza durante las manifestaciones. La iniciativa, impulsada por la administración de De La Espriella, pretende fijar reglas más precisas para responder a hechos como la retención de personas o los daños a la propiedad ajena, dos de los escenarios que más tensión generan en el manejo del orden público.
Según informó El Tiempo - Política, el texto oficial en discusión busca delimitar las condiciones bajo las cuales las autoridades intervendrían cuando una movilización deja de ser una expresión pacífica y entra en un terreno de afectación directa a terceros o a bienes públicos y privados. En otras palabras, el Gobierno quiere dejar por escrito cuándo la actuación policial estaría habilitada y bajo qué criterios, en un país donde la línea entre control legítimo y exceso de fuerza ha sido históricamente motivo de disputa política, judicial y ciudadana.
La discusión no es menor. Colombia ha vivido durante años un pulso constante entre el derecho a protestar y la obligación del Estado de garantizar la seguridad, la movilidad y la protección de la propiedad. Cada intento de reglamentar la protesta termina tocando fibras sensibles: para unos, estas medidas son necesarias para evitar bloqueos, vandalismo o secuestros dentro de marchas; para otros, pueden convertirse en una herramienta para restringir la movilización social y desincentivar la crítica callejera al poder. Ahí está el verdadero fondo de este borrador: no solo qué hará la autoridad, sino qué tan lejos puede llegar sin vulnerar derechos fundamentales.
Lo que viene ahora será una prueba política y jurídica para el Gobierno. Si el decreto avanza tal como está, el Ejecutivo deberá demostrar que su intención no es endurecer la respuesta estatal frente a la protesta, sino establecer parámetros claros, verificables y proporcionales. Y si el texto termina siendo ambiguo, el riesgo es evidente: más discrecionalidad para la fuerza pública, más litigios y más desconfianza ciudadana. En un país acostumbrado a que la regulación de la protesta se convierta en campo de batalla, el detalle técnico del decreto puede terminar definiendo algo mucho más grande: hasta dónde puede llegar el Estado cuando la calle decide hacerse escuchar.
