Veintisiete muertos en dos accidentes mineros en Nariño: las preguntas sobre seguridad que deja la tragedia de Iscuandé

En apenas dos meses, dos accidentes mineros han dejado 27 personas muertas en el departamento colombiano de Nariño. Detrás de la cifra hay dos comunidades golpeadas por tragedias ocurridas en explotaciones de oro y preguntas que todavía no cuentan con respuestas técnicas definitivas.

El episodio más reciente ocurrió el lunes 19 de octubre en el sector de Chambero, zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico nariñense. Un deslizamiento de tierra afectó una explotación artesanal de oro y dejó 14 personas fallecidas y siete heridas, según el balance oficial presentado por la Gobernación.

Doce de las víctimas mortales eran mujeres. El gobernador Luis Alfonso Escobar señaló que la mayoría eran madres cabeza de hogar que trabajaban para sostener a sus familias.

Esa información revela una dimensión de la tragedia que no puede reducirse al balance de emergencia: las consecuencias alcanzan también a los hogares que dependían económicamente de quienes perdieron la vida.

Una emergencia en un territorio de difícil acceso

Tras el derrumbe, las autoridades departamentales coordinaron acciones de búsqueda, rescate y atención de personas heridas.

La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo aéreo de las Fuerzas Militares, activación de la red hospitalaria y presencia de Medicina Legal. También pidió evaluar el traslado del buque hospital Benkos Biojó, ubicado en Guapi, para reforzar la atención sanitaria.

La entidad advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región e insistió en garantizar condiciones de seguridad para los equipos de emergencia y el personal humanitario.

Esa advertencia permite comprender parte de las dificultades que presenta la atención de emergencias en territorios apartados. Sin embargo, no demuestra que los grupos armados tuvieran participación en la operación de la mina o en las causas del derrumbe.

El 20 de octubre, la Gobernación de Nariño informó que habían finalizado las labores de búsqueda y que la atención se concentraría en acompañar a las familias afectadas.

Policarpa: otra tragedia dos meses antes

La emergencia de Iscuandé tiene un antecedente cercano.

El 19 de agosto de 2026, otro accidente minero causó la muerte de 13 personas y dejó siete heridas en la vereda Puerto Rico, municipio de Policarpa, también en Nariño.

La Agencia Nacional de Minería informó entonces, de manera preliminar, que el accidente ocurrió en un lugar donde presuntamente se realizaba extracción ilícita de oro mediante maquinaria pesada. Según la entidad, el colapso de parte de un talud estuvo relacionado con la desestabilización del terreno.

Es importante distinguir ambos acontecimientos.

La descripción técnica preliminar difundida sobre Policarpa no puede utilizarse automáticamente para explicar lo sucedido en Iscuandé. Aunque ambos accidentes involucraron explotaciones de oro y movimientos de tierra, cada caso requiere su propia evaluación.

Lo que sí puede establecerse es la magnitud de las consecuencias: entre los dos accidentes se registraron 27 fallecimientos.

La seguridad minera, bajo examen

La explotación artesanal de oro constituye una actividad económica para distintas comunidades del Pacífico colombiano. Al mismo tiempo, los accidentes registrados en Nariño plantean interrogantes sobre las condiciones en que se desarrollan estas labores.

Associated Press informó que la explotación de Iscuandé operaba sin los permisos correspondientes.

Sin embargo, para establecer con precisión su situación administrativa todavía sería necesario identificar el área minera y verificar los expedientes de la Agencia Nacional de Minería.

Tampoco se dispone, en la documentación pública examinada para este reportaje, de un informe técnico definitivo que permita atribuir el derrumbe a una causa específica.

Por tanto, no sería responsable asegurar que el accidente fue provocado por una máquina determinada, una excavación concreta o una omisión institucional sin contar con pruebas suficientes.

Formalización y protección de los trabajadores

Tras la tragedia, el gobernador de Nariño pidió revisar los procesos de formalización minera y fortalecer las condiciones de protección para quienes dependen de esta actividad.

El debate plantea una cuestión de interés público: cómo mejorar las condiciones de seguridad y supervisión en territorios donde la extracción de oro representa una fuente de ingresos para numerosas familias.

La formalización puede formar parte de esa discusión, pero su relación concreta con lo ocurrido en Iscuandé requiere documentación adicional.

También será importante conocer qué medidas se adoptaron después del accidente de Policarpa y si existían advertencias previas relacionadas con la explotación afectada en Chambero.

Las preguntas que siguen abiertas

El balance de las víctimas es conocido. Las causas técnicas y las posibles responsabilidades todavía requieren esclarecimiento.

Entre los principales interrogantes se encuentran las condiciones del terreno antes del deslizamiento, la situación administrativa de la explotación, la existencia de inspecciones y el alcance de las medidas preventivas.

La investigación de esas circunstancias corresponde a las autoridades competentes, mientras que su seguimiento público exige información verificable y transparencia documental.

Por ahora, los dos accidentes dejan una constatación dolorosa: 27 personas murieron en explotaciones mineras de Nariño durante un período de apenas dos meses.

El desafío es determinar qué ocurrió en cada lugar, qué riesgos eran conocidos y qué medidas podrían evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse.

Fuentes documentales: Gobernación de Nariño, comunicados del 20 de octubre de 2026; Defensoría del Pueblo, pronunciamiento del 19 de octubre; Agencia Nacional de Minería, comunicado del 20 de agosto sobre Policarpa; y coberturas de EFE y Associated Press.