Congreso pide auditar la UNP por esquemas de protección entregados en el gobierno Petro
Imagen: infobae colombia
La vicepresidencia de la Cámara puso bajo la lupa los esquemas de protección entregados por la UNP durante el gobierno Petro. Simón Molina pidió auditar recursos, verificar la devolución de vehículos blindados y revisar si la protección a exfuncionarios se ajustó a la ley.
La discusión sobre los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección volvió al Congreso, esta vez con un pedido directo de auditoría sobre los recursos destinados a exfuncionarios durante el gobierno de Gustavo Petro. El vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, cuestionó el uso de esos mecanismos de seguridad y advirtió que es necesario revisar con rigor si hubo asignaciones justificadas, si los vehículos blindados y otros elementos de protección fueron devueltos a tiempo y si el gasto público respondió realmente a criterios de riesgo y no a favores administrativos.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la petición de Molina se concentra en dos frentes: por un lado, la trazabilidad de los recursos invertidos en esquemas que habrían permanecido activos para exfuncionarios; por el otro, la verificación material de bienes estatales entregados como parte de esas medidas, entre ellos automóviles blindados, equipos de comunicación y demás componentes de seguridad. El trasfondo no es menor: la UNP administra uno de los presupuestos más sensibles del Estado porque su misión es proteger a personas en riesgo, no sostener privilegios ni perpetuar beneficios que ya no tendrían sustento jurídico o técnico.
El señalamiento del congresista se inscribe en una preocupación más amplia sobre el uso eficiente de los recursos públicos en Colombia, especialmente en un momento en que la seguridad sigue siendo una demanda crítica para líderes sociales, periodistas, opositores, funcionarios judiciales y ciudadanos amenazados. Cuando la discusión se centra en quién conserva un blindado, quién sigue recibiendo escoltas o quién mantiene esquemas después de dejar el cargo, el debate deja de ser solo administrativo y se convierte en una prueba de transparencia para el Gobierno. Por eso importa que la UNP explique con claridad los criterios usados, los tiempos de devolución y los controles internos que aplicó para evitar que bienes del Estado quedaran en manos indebidas o que los esquemas se extendieran sin una justificación sólida.
El pedido de auditoría también abre una pregunta política de fondo: si existe suficiente supervisión sobre una entidad que maneja riesgos, contratos y activos de alto valor en medio de una creciente presión fiscal. En Colombia, donde la seguridad personal suele depender de decisiones burocráticas tomadas desde Bogotá, cualquier sospecha sobre asignación irregular o sobrecostos golpea la confianza pública. Si la revisión avanza, podría terminar no solo en hallazgos administrativos, sino en mayores controles sobre cómo, cuándo y por qué se otorgan y se retiran los esquemas de protección en el país.
