Camacol y expertos revisan en Cali la vulnerabilidad real de las edificaciones ante sismos
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Camacol y expertos en ingeniería estructural alertaron en Cali que no todas las edificaciones están diseñadas para soportar el mismo nivel de sismo. La reunión dejó claro que la seguridad depende tanto de la norma como del tipo de suelo, la antigüedad y el cumplimiento real de la construcción.
La discusión sobre qué tan seguras son las edificaciones en Cali volvió a poner sobre la mesa un asunto que suele aparecer solo después de un temblor: la diferencia entre cumplir una norma y estar realmente preparado para un sismo de determinada intensidad. En una mesa técnica realizada en la ciudad, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, se reunió con especialistas en ingeniería estructural para revisar cómo impactan distintos tipos de movimientos telúricos en las construcciones y cuáles son, en la práctica, los niveles de protección que exige la ley.
De acuerdo con la información difundida por El Tiempo (Colombia), el encuentro permitió explicar que la normativa no promete edificios “a prueba de sismos” en términos absolutos, sino estructuras diseñadas para responder según el nivel de amenaza para el que fueron concebidas. Ese matiz es clave: no es lo mismo hablar de una sacudida moderada que de un evento de alta magnitud, y tampoco pesan igual variables como la calidad del diseño, la supervisión de obra, la antigüedad del inmueble o las características del suelo donde fue levantado. En una ciudad como Cali, donde la conversación sobre riesgo sísmico tiene antecedentes claros, ese detalle puede marcar la diferencia entre una evacuación preventiva y una tragedia.
Lo relevante de esta mesa técnica es que aterriza un debate que muchas veces se reduce a una frase cómoda: “la norma se cumplió”. En realidad, el cumplimiento formal no siempre garantiza el mismo nivel de resistencia si hubo fallas en la ejecución, modificaciones posteriores sin soporte técnico o si la edificación fue concebida bajo parámetros distintos a los actuales. Por eso, la reunión entre el gremio constructor y los ingenieros estructurales no solo buscó aclarar dudas técnicas, sino también enviar un mensaje político y urbano: la prevención sísmica no depende únicamente de la ley, sino de la cadena completa que va desde el diseño hasta la inspección y el mantenimiento. Y eso importa porque en Colombia, donde buena parte de la población vive en ciudades densas y con edificaciones de distintas épocas, el riesgo no se distribuye de manera pareja.
En el fondo, este tipo de conclusiones debería servir para algo más que alimentar un debate entre expertos. En Cali y en otras capitales del país, la seguridad estructural termina siendo un asunto cotidiano para familias, arrendatarios, compradores de vivienda y administraciones locales. Saber qué tan protegido está un edificio no es un lujo técnico: es información básica para decidir dónde vivir, qué comprar y qué exigirle a una autoridad que muchas veces responde tarde. Si la conversación pública avanza hacia revisiones más serias, certificaciones más transparentes y control más estricto, el país podría reducir una vulnerabilidad que sigue esperando al próximo sismo para volverse visible.
