De La Espriella entierra la ‘paz total’ y cierra diálogos en Buenaventura y Quibdó
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente De La Espriella dio por cerrada la política de “paz total” al terminar los diálogos con bandas de Buenaventura y Quibdó. El giro marca un cambio drástico en la estrategia de seguridad del Estado y abre interrogantes sobre el control territorial en dos de las zonas más golpeadas por la violencia.
El gobierno de De La Espriella puso punto final a la llamada “paz total” al cerrar los espacios de diálogo y los procesos sociojurídicos que venía sosteniendo con estructuras armadas en Buenaventura y Quibdó. La decisión, confirmada por el propio presidente, no es un simple ajuste de agenda: implica el entierro político de una de las apuestas más visibles del petrismo en materia de seguridad y negociación con actores armados. En términos prácticos, el Estado abandona una estrategia que buscaba combinar conversaciones, sometimiento y presencia institucional en territorios donde la violencia ha mandado durante años.
La terminación de esos escenarios ocurre en dos ciudades que representan, cada una a su manera, el fracaso histórico de la respuesta estatal frente a las economías ilegales. Buenaventura sigue siendo un corredor clave para el narcotráfico y la disputa entre bandas; Quibdó, por su parte, carga con una crisis crónica de control territorial, extorsión y miedo cotidiano. Según la información divulgada por El Tiempo - Política, el cierre de estos procesos marca el final de la política de paz total impulsada por el gobierno Petro, que apostó a negociar con múltiples actores al mismo tiempo, desde guerrillas hasta grupos urbanos y estructuras criminales. Ese experimento, ambicioso en el papel, terminó atrapado entre la falta de resultados verificables, la fragmentación de los interlocutores y el escepticismo de buena parte del país.
Lo que viene ahora no es necesariamente paz, sino un rediseño de la estrategia estatal en medio de una realidad incómoda: en Colombia, cuando se cierran los canales de diálogo sin una alternativa robusta de seguridad, justicia e inversión social, los territorios suelen quedar expuestos a una nueva escalada de violencia. Por eso la decisión tiene un peso que va más allá del debate político en Bogotá. Afecta a comerciantes, transportadores, líderes comunitarios, jóvenes reclutados por economías ilegales y familias enteras que viven entre confinamientos, amenazas y desplazamientos. También deja una lección de fondo: la seguridad en Colombia no se resuelve solo con voluntad política ni con anuncios de alto impacto, sino con capacidad real del Estado para ocupar, proteger y sostener presencia en lugares donde durante décadas lo han hecho las armas. El cierre de la “paz total” puede satisfacer a quienes nunca creyeron en esa fórmula, pero también obliga al nuevo gobierno a responder la pregunta más difícil: qué hacer cuando se acaba la negociación y la violencia sigue ahí.
