CNE advierte que sin más recursos en 2027 se debilitará el control electoral
Imagen: El Tiempo - Política
El Consejo Nacional Electoral advierte que sin más recursos en el presupuesto de 2027 quedaría comprometida la vigilancia de las elecciones regionales. Juan Felipe Lemos sostiene que el órgano necesita financiación adicional para cumplir su papel de control.
El Consejo Nacional Electoral encendió una alerta que va más allá de una discusión técnica de presupuesto: si el Gobierno no asigna recursos adicionales en 2027, la vigilancia y el control sobre las elecciones regionales podrían debilitarse justo cuando el país más necesita blindar su sistema democrático. Así lo planteó Juan Felipe Lemos, presidente del órgano electoral, en diálogo con EL TIEMPO, al insistir en que la entidad no puede cumplir con rigor sus funciones de supervisión si opera con una financiación insuficiente.
Según explicó Lemos, la preocupación no se limita a la logística básica de los comicios, sino a la capacidad real de seguimiento, auditoría y control en un proceso electoral que en Colombia suele estar marcado por denuncias de irregularidades, tensiones políticas y una alta presión territorial. El mensaje de fondo es claro: sin músculo presupuestal, el Estado termina pidiéndole al CNE que vigile más, pero con menos herramientas. Y en una elección regional, donde se juega el poder local y departamental, eso no es un detalle menor.
La discusión llega en un momento sensible. Las elecciones regionales no solo definen gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos; también sirven como termómetro del ambiente político nacional y como plataforma para futuras contiendas presidenciales. Por eso, cualquier debilitamiento en los mecanismos de control impacta directamente la confianza ciudadana. En la práctica, una autoridad electoral con recursos limitados tiene menos margen para revisar campañas, responder a denuncias, fortalecer la pedagogía electoral y actuar con rapidez frente a posibles infracciones. Y cuando falla la vigilancia institucional, crece el espacio para el clientelismo, la desinformación y la captura de votos en zonas donde el Estado suele llegar tarde.
El debate presupuestal, entonces, no es una disputa administrativa aislada sino una prueba de voluntad política. Si el Congreso y el Ejecutivo no priorizan el fortalecimiento del CNE, el costo no lo asumirá solo la entidad: lo pagarán los ciudadanos con menos garantías para ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia. En un país donde la confianza en las instituciones electorales sigue siendo frágil, subestimar este asunto sería abrirle la puerta a una elección con más sospechas que certezas.
