Espinosa pide trato diferencial para delitos sexuales en ley de sometimiento
Imagen: El Tiempo - Política
El senador liberal Héctor Olimpo Espinosa pidió que la ley de sometimiento del gobierno de De La Espriella incorpore un tratamiento diferencial para quienes estén vinculados a delitos sexuales. La discusión llega al último debate de una iniciativa que busca regular la desmovilización y el sometimiento a la justicia.
La discusión sobre la ley de sometimiento del gobierno de De La Espriella entró en su tramo final, pero ya dejó al descubierto una de sus tensiones más sensibles: qué hacer con los responsables de delitos sexuales. El senador liberal Héctor Olimpo Espinosa planteó que la iniciativa debe contemplar un tratamiento diferencial para esos casos, una posición que introduce un debate jurídico y político de alto impacto en el Congreso.
Espinosa habló con EL TIEMPO - Política en vísperas del último debate del proyecto y sostuvo que no puede tratarse de la misma manera a todos los comparecientes que se sometan a la justicia. Su advertencia apunta a una línea roja que en Colombia suele reaparecer cada vez que se discuten mecanismos de paz, sometimiento o justicia transicional: si el Estado flexibiliza reglas para acelerar desmovilización o desarticulación criminal, también debe fijar límites claros para los delitos que más repudio generan entre la opinión pública, especialmente los sexuales.
El asunto no es menor. Las leyes de sometimiento suelen diseñarse para facilitar la entrega de estructuras armadas o criminales a cambio de beneficios penales, reducción de penas o rutas especiales de investigación y reparación. Pero cuando en esa ecuación aparecen agresiones sexuales, la conversación cambia de tono, porque entra en juego no solo el objetivo de desactivar organizaciones, sino la obligación de proteger a las víctimas y evitar que la negociación termine percibiéndose como una puerta abierta a la impunidad. Por eso, la postura del senador liberal no solo anticipa una discusión técnica dentro del Congreso, sino también un pulso político sobre los límites éticos del proyecto.
En el último debate, ese equilibrio será decisivo. Si la ley aprueba un esquema diferenciado, el gobierno deberá explicar cómo lo aplicará sin vaciar de contenido el mecanismo de sometimiento; si no lo hace, enfrentará críticas por homologar conductas de gravedad muy distinta. En una coyuntura donde el país sigue buscando fórmulas para reducir la violencia y capturar a quienes operan al margen de la ley, la definición sobre delitos sexuales puede convertirse en una prueba de fuego para medir si la iniciativa privilegia la eficacia judicial o la protección efectiva de las víctimas.
