Congreso debatirá estatuto antiterrorista y facultades del Presidente
Imagen: El Tiempo - Política
El Senado prepara un debate sobre el estatuto antiterrorista impulsado por el Gobierno, en medio de reparos sobre el alcance de las facultades presidenciales. El Centro Democrático promete una discusión de fondo sobre cómo responder a la criminalidad sin desbordar los límites institucionales.
El anuncio del debate sobre el estatuto antiterrorista abrió una nueva pulseada política en el Congreso colombiano, esta vez con el foco puesto en cuánto poder se le quiere entregar al Presidente para enfrentar la criminalidad. El senador del Centro Democrático, Carlos Andrés Cadavid, aseguró que la discusión será seria y que el Legislativo revisará con lupa uno de los puntos más sensibles: las facultades extraordinarias que podría asumir la Casa de Nariño.
Según informó El Tiempo - Política, Cadavid defendió la necesidad de que el Estado ajuste sus herramientas frente a la evolución de las estructuras criminales en el país, pero insistió en que eso no puede traducirse en un cheque en blanco para el Ejecutivo. En esa línea, el congresista planteó que cualquier modificación al andamiaje legal debe pasar por un examen riguroso, con límites claros, porque no todo mecanismo de excepción resulta compatible con el equilibrio entre poderes.
El debate no es menor. Colombia arrastra desde hace años una discusión repetida sobre la capacidad del Estado para responder a grupos armados, economías ilegales y nuevas formas de violencia que mezclan terrorismo, narcotráfico y control territorial. Por eso, cada intento de reformar las reglas de seguridad termina enfrentando dos tensiones al mismo tiempo: la urgencia de reaccionar con mayor contundencia y el riesgo de expandir demasiado el poder presidencial. En ese terreno, el Congreso aparece como el escenario donde se decidirá si el estatuto fortalece la capacidad institucional o si, por el contrario, abre una puerta peligrosa para la concentración de atribuciones.
La discusión también tendrá consecuencias prácticas para la ciudadanía. Si el proyecto avanza con controles claros, podría darle al Gobierno más margen para actuar contra organizaciones criminales en regiones golpeadas por la violencia; si se aprueba con facultades demasiado amplias, crecerán las alertas sobre eventuales abusos y sobre la erosión de los contrapesos democráticos. En un país donde la seguridad suele convertirse en bandera política, el verdadero examen no será solo si el Estado tiene más herramientas, sino quién las controla y hasta dónde puede usarlas.
