Ley anticapuchos endurece penas contra vandalismo en protestas
Imagen: El Tiempo - Política
El representante Julio César Triana defendió la ley anticapuchos como una herramienta contra el vandalismo en las marchas, no contra la protesta. La iniciativa endurece castigos para quienes destruyan bienes o bloqueen ambulancias, con penas superiores a 54 meses y sin beneficios de excarcelación.
La discusión sobre la llamada ley anticapuchos volvió a poner sobre la mesa un debate que en Colombia nunca termina de resolverse: cómo proteger el derecho a protestar sin tolerar que las movilizaciones deriven en destrucción, bloqueos y ataques contra bienes públicos y privados. El representante Julio César Triana, citado por El Tiempo - Política, insistió en que la propuesta no busca prohibir el uso de capucha en las marchas, sino castigar a quienes la utilicen como herramienta para cometer actos vandálicos o impedir la atención de emergencias.
Según la información conocida, la iniciativa contempla penas superiores a 54 meses de prisión y medidas que impedirían la excarcelación para quienes destruyan infraestructura, dañen propiedad o bloqueen el paso de ambulancias. El enfoque del proyecto apunta a endurecer la respuesta penal frente a conductas que, en escenarios de protesta, terminan afectando a terceros que nada tienen que ver con la movilización. La discusión no es menor: en varias jornadas de protesta en el país, los daños materiales y la obstrucción de servicios de emergencia han terminado por opacar las demandas de fondo y aumentar el rechazo ciudadano.
En el plano político, la propuesta toca una fibra sensible. Para sus promotores, se trata de cerrar el paso a la impunidad de quienes se esconden detrás del anonimato para delinquir; para sus críticos, el riesgo está en que una herramienta pensada para frenar el vandalismo termine siendo usada para intimidar la protesta social. Ese equilibrio entre orden público y libertad de manifestación es uno de los puntos más delicados del debate colombiano, especialmente en un país donde la protesta ha sido una válvula de presión histórica frente a la desigualdad, la exclusión y la falta de respuesta estatal. Lo que venga en el trámite legislativo mostrará si el Congreso opta por una línea más dura o por una regulación más precisa que distinga con claridad entre manifestantes y violentos.
Más allá de la coyuntura, el debate refleja una tensión de fondo: Colombia sigue sin resolver cómo garantizar que la calle siga siendo un espacio legítimo de expresión sin convertirla en escenario de impunidad para quienes destruyen y agreden. Si la iniciativa avanza, la discusión no será solo jurídica, sino también política y social, porque tocará de frente la relación entre ciudadanía, protesta y autoridad.
