Crimen en Cali desnuda la falla del Estado frente a la violencia contra las mujeres
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El asesinato de una mujer en Cali volvió a poner en evidencia la gravedad de las violencias estructurales contra las mujeres en Colombia. El Observatorio para la Equidad de las Mujeres advirtió que el caso no puede tratarse como un hecho aislado, sino como una falla del Estado.
El crimen ocurrido en Cali, calificado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres como la expresión más extrema de las violencias estructurales, sacude otra vez una realidad que Colombia no ha logrado contener: la vida de las mujeres sigue en riesgo incluso antes de que el Estado llegue a protegerlas. Más allá de la indignación que provoca el caso, el mensaje de fondo es brutal: cuando un asesinato de esta naturaleza ocurre, no estamos ante una tragedia excepcional, sino ante la evidencia de un sistema que sigue fallando en prevención, atención y justicia.
De acuerdo con el pronunciamiento citado por El Tiempo (Colombia), el observatorio no solo condenó el hecho, sino que lo ubicó dentro de una cadena más amplia de agresiones que incluyen amenazas, violencia sexual, control coercitivo, maltrato físico y silencios institucionales que suelen preceder a los feminicidios. Esa lectura es clave porque desmonta la idea cómoda de que estos crímenes aparecen de la nada. En realidad, casi siempre hay señales previas, denuncias ignoradas o barreras que impiden que las víctimas sean escuchadas y protegidas a tiempo.
Lo que está en juego no es únicamente la investigación de un caso atroz en Cali, sino la credibilidad del Estado frente a una de sus deudas más antiguas con las mujeres. Colombia ha avanzado en marcos legales y discursos públicos contra la violencia de género, pero la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo enorme. Para miles de mujeres, sobre todo en barrios populares, zonas periféricas o entornos marcados por la precariedad, pedir ayuda todavía implica exponerse a trámites lentos, respuestas fragmentadas y, en demasiadas ocasiones, a una protección que llega tarde. Por eso este crimen no solo indigna: obliga a preguntar qué está pasando con las rutas de atención, con la coordinación entre autoridades y con la capacidad real de prevenir que una agresión termine en asesinato.
Si algo deja claro este caso es que la violencia contra las mujeres en Colombia no puede seguir tratándose como un fenómeno aislado ni como una estadística más. Cada crimen de este tipo revela un fracaso colectivo: el de una sociedad que tolera demasiadas señales de alarma y el de unas instituciones que aún no logran responder con la urgencia que la vida de las mujeres exige. Normalizar este horror sería aceptar que el Estado llegue siempre después del daño irreparable.
