Cancillería revisa fallo sobre pasaportes y promete que la emisión seguirá sin interrupciones
Imagen: El Tiempo - Política
La Cancillería revisa desde temprano el alcance del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió de forma temporal el convenio del nuevo modelo de pasaportes. Omar Bula aseguró que, por ahora, la emisión no se interrumpirá mientras se define cómo operar.
La Cancillería entró este jueves en modo de revisión jurídica y técnica después del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió temporalmente el convenio asociado al nuevo modelo de pasaportes. Pese al golpe institucional que supone la decisión, el canciller Omar Bula buscó enviar un mensaje de calma: la expedición de pasaportes no se detendrá, al menos en el corto plazo, mientras el Gobierno define el alcance real de la medida y ajusta su respuesta administrativa.
Desde temprano, equipos técnicos y jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzaron a estudiar la providencia para determinar qué partes del esquema vigente quedan afectadas, qué obligaciones siguen en pie y cómo garantizar la continuidad del servicio. La preocupación no es menor: el trámite de pasaportes es uno de los servicios más sensibles para los ciudadanos y cualquier vacío operativo puede traducirse en filas, demoras y una nueva carga para una entidad que ya ha enfrentado cuestionamientos por la transición hacia el nuevo modelo. La reacción oficial, por ahora, apunta a contener el impacto político y operativo antes de que se convierta en un problema de atención al público.
El caso pone de nuevo bajo la lupa la forma en que el Estado colombiano ha intentado rediseñar la cadena de producción y expedición de pasaportes, un proceso que mezcla contratación, seguridad documental y capacidad institucional. Cuando un tribunal frena temporalmente un convenio de este tipo, no solo se discute un papel jurídico: también se abre la pregunta por la preparación del Gobierno para sostener un servicio esencial sin sobresaltos. Y ahí está el punto de fondo. Si la Cancillería logra mantener la emisión sin interrupciones, ganará tiempo y margen político; si no, el costo recaerá sobre miles de ciudadanos que dependen del documento para viajar, trabajar o resolver trámites urgentes en el exterior.
Más allá de la salida inmediata, este episodio confirma que la reforma del sistema de pasaportes sigue siendo frágil y está lejos de cerrarse. La decisión del tribunal obliga al Ejecutivo a moverse con cautela, a explicar mejor su diseño y a demostrar que puede sostener la operación sin improvisaciones. En un país donde los trámites suelen estrellarse entre anuncios y cambios de ruta, lo que ocurra con los pasaportes será una prueba concreta de capacidad estatal: no solo para litigar, sino para garantizar un servicio básico sin castigar al ciudadano.
